Las protestas -más intensas en el sur andino, región golpeada por la pobreza, desigualdad y con demandas sociales postergadas- exigen la libertad de Castillo.
El Ministerio Público solicitó a la Alcaldía de Neiva, una relación de los contratos que, pese a que cumplen los requisitos para el pago, aún no se ha efectuado el respectivo desembolso.
