De los 23 magistrados 17 acogieron la ponencia de William Hernández que inclinó la balanza a favor de la dirigente política.
Para el tribunal hubo ilegalidad y violación al debido proceso ya que la recopilación de pruebas en contra de Córdoba se hizo de manera ilegal. Ese acervo probatorio fue el que el procurador Ordóñez tuvo en cuenta para imponer la drástica sanción en el 2010 a la excongresista.
Según las autoridades, Piedad Córdoba era aliada de la organización armada al interactuar correos electrónicos con el abatido comandante Raúl Reyes. Para los investigadores, la exsenadora firmaba sus correos como 'Teodora Bolívar' o 'La Negra'. Esas supuestas conversaciones fueron encontradas en los computadores que la inteligencia militar le decomisó al líder guerrillero cuando fue abatido en 2008.
Bajo esos argumentos,el jefe del ministerio público impuso la sanción de 18 a la exsenadora, sacándola así de la arena política.
Al sortear este primer escollo, la excongresista confía que el Consejo de Estado la beneficie levantando otra sanción por 14 años que le impuso el mismo procurador por financiación de campañas políticas.