Bogotá y Cundinamarca se unen para brindar ayuda alimentaria a población vulnerable

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, han firmado un convenio histórico para la entrega de 19 mil canastas y paquetes alimentarios a la población vulnerable de la capital del departamento. Estos beneficiarán principalmente a los afrodescendientes y habitantes de las zonas rurales.

El convenio, que involucra a la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca (ACIDC) por parte de la Gobernación y a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) por parte del Distrito Capital, tiene como objetivo beneficiar a un total de 8,279 personas. De este grupo, 4,285 son afrodescendientes y 4,046 viven en áreas rurales de la capital. Las primeras localidades que se verán beneficiadas son Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Tunjuelito, Usaquén y Usme.

Las canastas y paquetes alimentarios contendrán productos como plátanos, bananos, leche, granos, panela y chocolate, los cuales son proporcionados por pequeños y medianos productores agropecuarios de Cundinamarca y la Región Central.

La alcaldesa Claudia López destacó la importancia de este convenio para los campesinos, afirmando: "Hoy estamos celebrando un paso más allá por nuestros campesinos. Ya estamos comprándoles directamente para el programa de alimentación escolar de nuestros niños en los colegios públicos de Bogotá, y hoy estamos integrando un segundo gran comprador que es nuestra Secretaría de Integración Social".

Este convenio tiene como objetivo brindar un apoyo permanente a este grupo de población vulnerable, con la entrega de 15,042 canastas alimentarias para el 31 de diciembre de 2023. Además, se espera entregar 22,919 paquetes alimentarios a las personas inscritas en los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Por su parte, el gobernador Nicolás García Bustos señaló: "Más plata para el pequeño productor, que quien lo siembra sea quien lo venda, que el recurso no se quede en el intermediario, sino que se quede en quien trabaja la tierra, en quien está en la ruralidad y en quien quiere a través del campo, no solo garantizar seguridad alimentaria, sino también mejorar la calidad de vida en cada uno de sus hogares".

Una de las características innovadoras de este proceso de suministro de alimentos a la población vulnerable es el abandono del modelo anterior en el cual un proveedor privado adquiría los alimentos a precio de mercado, obteniendo ganancias a través de la compra de productos agropecuarios a precios bajos.

También le puede interesar: San Cayetano, el pueblo que un 13 de mayo fue evacuado y trasladado

La inversión total para este convenio asciende a $8,789,064,890, de los cuales el 89% ($7,852,386,534) provienen de la Secretaría de Integración Social, y el 11% restante ($936,678,356), que se entregarán en especie, provienen de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca.

Margarita Barraquer, secretaria de Integración Social, destacó: "Desde la Secretaría de Integración Social estamos suscribiendo un convenio con la Agencia de Comercialización para comprar directamente a los campesinos de los departamentos de la región central, alimentos que producen y que sean estos los que conforman las canastas alimentarias que desde Bogotá le entregamos a la población afro y de las zonas rurales".

Es importante destacar que las canastas y paquetes alimentarios, que se distribuyen de manera recurrente o según la necesidad en los servicios, tienen como objetivo complementar las condiciones nutricionales de los beneficiarios. Estos productos frescos son entregados a hogares y personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, con el fin de satisfacer sus necesidades nutricionales y promover hábitos saludables.

Con este convenio, se involucra a pequeños y medianos productores en el mercado de compras públicas, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, que establece como obligación de las entidades estatales garantizar la compra a pequeños productores, en un porcentaje mínimo del 30% del presupuesto destinado a la adquisición de alimentos por parte de cada entidad estatal.