Firmantes de paz exigen al Congreso aprobar el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria
En el marco de las movilizaciones que convocaron el 20 de mayo a miles de ciudadanos en Colombia en respaldo a la Jurisdicción Agraria, desde Caquetá, voceros del componente Comunes de la CSIVI respaldaron el llamado a las calles del movimiento social y campesino que exige voluntad política al Congreso de la República para reglamentar la jurisdicción Agraria.
Para Federico Montes, firmante de paz e integrante de la CSIVI, lo primero que se debe recordar es que la Jurisdicción Agraria es uno de los puntos que quedaron contemplados en el Acuerdo de Paz. Una deuda histórica de los entes judiciales en la capacidad de regular y dirimir los conflictos frente al uso y el acceso a la tierra en Colombia, que ha sido uno de los grandes detonantes del fenómeno de violencia estructural que se vive en el campo colombiano.
El firmante de paz reconoció la voluntad del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para dar viabilidad al proyecto de ley que le dio vida a la jurisdicción agraria, lo cual, según explicó, se logró en el Congreso en cabeza de la bancada del Partido Histórico con participación del partido Comunes. Montes llamó la atención sobre la urgencia de garantizar la regulación, la reglamentación y la puesta en marcha de esta Jurisdicción Agraria con capacidad para llegar a cada uno de los territorios.
Según Federico Montes, integrante de la CSIVI desde el componente Comunes, actualmente en el legislativo hay sectores conservadores arraigados al fenómeno del latifundismo y los terratenientes que no están interesados en que la Jurisdicción Agraria pueda ser una de las herramientas fundamentales para resolver el acceso y el uso adecuado de la tierra en todas las regiones del país.
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Otra de las motivaciones de sectores sociales y agrarios del país, como Somos Tierra y procesos de Zona de Reserva Campesina, para movilizarse el día 20 de mayo fue demostrar el apoyo al trabajo de la Agencia Nacional de Tierras luego de que la Corte Suprema de Justicia sugiriera limitar la potestad a la ANT para adjudicar bienes baldíos.
Frente a este particular, Federico Montes, puntualizó que la Agencia Nacional de Tierras ha logrado un récord histórico en el proceso de asignación, entrega, adjudicación y formalización de tierras a campesinos y campesinas, incluidas también comunidades y pueblos étnicos.
Lo que ha motivado, según Montes, una serie de conflictos entre las tres ramas del poder, “por un lado, el Gobierno nacional queriendo avanzar en el cumplimiento de algunos componentes del Acuerdo de Paz, específicamente en este caso la reforma rural; por otro lado el Congreso de la República que desafortunadamente se niega a viabilizar y a reglamentar esta Jurisdicción Agraria, y ahora también aparecen estas declaraciones por parte de la Corte Suprema de Justicia frente al papel que juega la Agencia Nacional de Tierras y otras instituciones en el país”, puntualizó.
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Al cierre, el integrante de la CSIVI hizo un llamado al diálogo con base en el Acuerdo de Paz que precisamente plantea mecanismos como el comité de seguimiento del que él hace parte, y que sirven para dirimir este tipo de situaciones y controversias.