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Foto: Programa Somos Defensores

Asesinato de líderes sociales aumentó un 53% en lo que va de 2020: FIP

La Fundación Ideas para la Paz publicó el primer informe sobre el conflicto armado en el país en medio de la pandemia. La principal conclusión es que la violencia no se detiene pese al confinamiento, y por el contrario, agudiza la situación de los líderes sociales.

El documento contiene un análisis especial durante los meses de marzo y abril, momento en el que empezó la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“En el primer cuatrimestre de 2020, las zonas de mayor preocupación, con disputas activas entre grupos armados ilegales que no surgen en este periodo, pero que sí se intensifican son: el Pacífico nariñense, el sur del Valle y el norte del Cauca, el centro y la Costa Pacífica en el Cauca, el departamento de Putumayo, la herradura que va desde el Urabá antioqueño, pasando por el sur de Córdoba, el Bajo Cauca y el sur de Bolívar y llegando hasta el Catatumbo, en Norte de Santander, y el norte del Chocó”, señala la organización.

Las agresiones a líderes sociales aumentaron un 10 por ciento y los homicidios 53 por ciento (49 entre enero y abril). El mayor número de casos se encuentran en Cauca, Putumayo y Antioquia. Por su parte, los desplazamientos forzados tuvieron un incremento del 5 por ciento, concentrándose en Nariño, Putumayo y Antioquia. Además, se señala que el confinamiento hace que aumente el riesgo para los defensores de derechos humanos.  

El informe indica que la guerrilla del ELN, disidencias de las Farc y Clan del Golfo son los principales responsables de estos hechos de violencia en los territorios, otro dato relevante es que la intensidad del conflicto se centra en seis departamentos. 

Según Ideas para la Paz, a nivel nacional durante este año disminuyeron en un 16 por ciento los homicidios en general. La organización manifiesta que la pandemia ha servido para que los grupos al margen de la ley ejerzan una mayor presión en las comunidades. 

“Hay grupos armados ilegales que han ordenado restricciones y reforzado el aislamiento, bajo el argumento de que así evitan la propagación del virus; en otros casos, las facciones armadas han incrementado sus acciones contra los líderes y las comunidades”, puntualiza.

Finalmente, el informe expone la preocupación de la FIP por los problemas ambientales, que a su vez, se encuentran ligados con la minería ilegal, la deforestación y los atentados a los oleoductos, que han tenido una intensificación en algunas zonas del país.