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Denuncian que ARL entregó elementos de bioseguridad artesanales en Pasto

La ARL entregó 19 mascarillas y 90 tapabocas para un personal compuesto por 720 personas, entre personal médico y administrativo.

Los directivos de la ESE Pasto Salud denunciaron que la ARL con la que tiene convenio la entidad entregó elementos de bioseguridad artesanales y sin las condiciones de calidad mínimas requeridas para la protección del personal de salud que atiende la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El secretario general de esta Empresa Social del Estado, Edgar Insandará, aseguró que al momento de realizar las verificaciones en el proceso de entrega de los elementos, únicamente encontraron 19 mascarillas N95 y 90 tapabocas elaborados de manera artesanal, sin las condiciones técnicas requeridas.

“La entidad realiza una inversión mensual de aproximadamente $18 millones de pesos, que al multiplicar por el 7% que determina el Gobierno Nacional, que se tiene que reinvertir en la entidad, corresponde a una cifra aproximada a 1 millón 260 mil pesos, situación que no se ve reflejada por la ARL con la que se viene manejando el convenio”, dijo Insandará.

A esto se suma el hecho de que la ESE Pasto Salud cuenta con aproximadamente 600 profesionales del área de la salud, sumados a los trabajadores del área administrativa, para un total de 720 personas. Sin embargo, la ARL tan solo entregó 19 mascarillas y 90 tapabocas, que no alcanzará para proteger a todos ni un día laboral.

“En respuesta a directrices del orden nacional y del alcalde de Pasto, se ha dado estricto cumplimiento en brindar las herramientas necesarias a los trabajadores de la salud, en lo referente a la dotación de elementos de bioseguridad con una inversión de $147 millones de pesos, para la protección ante posible toma de muestras y atención de pacientes con la infección”, dijo la gerente de la ESE, Ana Belén Arteaga.

Finalmente, el secretario general aseguró que procederán a denunciar el caso ante los organismos de control, debido a que los elementos entregados no justifican la inversión realizada y pondrían en riesgo a los profesionales del área asistencial.

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