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“Estaremos atentos a que recursos de cooperación internacional para el posconflicto no se ferien”: Procurador Carrillo

El jefe del Ministerio Público indicó que hay un compromiso por defender los recursos públicos de las mafias de la corrupción.

Una serie de mecanismos para vigilar los recursos del posconflicto pondrá en marcha la Procuraduría General de la Nación con el fin de evitar que se desvíen a otros propósitos. El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, aseguró que la entidad castigará severamente a quienes participen en actos de corrupción con estos recursos que en su mayoría provienen de la cooperación internacional.

Carrillo también indicó que hay un compromiso por defender los recursos públicos de las mafias de la corrupción. “Nosotros tenemos un compromiso grandísimo con poner toda la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los fondos de cooperación internacional”, señaló.

“Yo vengo de trabajar una década y media en organismos internacionales y sí algo sería lamentable, sería que los recuros de cooperación internacional se dilapidaran o se feriaran, yo creo que estamos atentos y vigilantes a que eso no suceda”, aseguró Carrillo.

De otra parte, el jefe de la entidad exigió la renuncia a los funcionarios públicos que deseen participar como candidatos en el proceso electoral al Congreso y a la Presidencia de la República, ya que desde hoy entra en vigencia el calendario electoral que culminará en el primer semestre del año entrante.

“Lo que está proscrito es que los funcionarios públicos hagan política, y hacer política es perseguir intereses partidistas o electorales, y en el momento en que haya pruebas de intereses de que hay intereses partidistas o electorales, de cualquier funcionario público, desde la cúpula hasta la base del poder, por supuesto que vendrán las sanciones de la Procuraduría”, puntualizó.

Finalmente, el procurador reiteró que la entidad está comprometida con la lucha en contra de la corrupción a todo nivel y por esto vienen avanzando las diligencias judiciales para determinar las presuntas relaciones que pudieron tener algunos funcionarios públicos con la firma brasilera Odebrecht.

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