Gobierno alista paquete de medidas contra la corrupción
Durante la instalación de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción y de liderar la Comisión Nacional de Moralización, el Presidente Juan Manuel Santos anunció un paquete de medidas que buscan hacer más efectiva la lucha contra la corrupción.
Entre las medidas se contemplan dos proyectos de ley: el primero es el Registro de Beneficiarios Reales con lo cual, “se obliga a toda empresa que opere en Colombia a dar información sobre las personas que realmente tienen un control significativo de la empresa”.
“Así podemos prevenir que se usen empresas o determinados instrumentos legales y financieros para fines de corrupción”, dijo.
El segundo proyecto “busca reformar la rebaja de penas por allanamiento a cargos, y eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos” con el fin de evitar los excesos que ha permitido, descongestionar el sistema de justicia y eliminar los incentivos a los delincuentes. Esta medida será adoptada ya que, según el Observatorio Anticorrupción de la Presidencia, el 50 por ciento de los condenados por delitos de corrupción no pagan un solo día de cárcel, y el 25 por ciento reciben el beneficio de casa por cárcel.
“En tanto que el 25 por ciento restante que va a la cárcel solo permanece recluido, en promedio, unos 22 meses. Así queda difícil combatir con eficacia la corrupción”, señaló.
Por otro lado, firmó el Decreto 092 del 23 de enero de 2017, que modifica el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro al considerar que esta modalidad estaba “fuera de control” y “era una herramienta predilecta de los corruptos para esquilmar al Estado”.
“Fundaciones creadas o manipuladas por personas corruptas eran y son usadas para contratar y robar los recursos públicos (…) también se usaban para financiar supuestas actividades de beneficencia, cuando en realidad era para otros fines”.
Dijo que con esta norma “se frenan los abusos en la contratación directa con estas entidades sin ánimo de lucro, que han causado la pérdida y desviación de billones de pesos anuales que debían ir a la población, sobre todo a la más vulnerable”.
Finalmente, quedó oficializada la ‘Declaración por un Estado Abierto’, que fue concertada con los miembros de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto a la cual se sumaron los Presidentes del Senado y la Cámara, el nuevo Procurador General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General, representantes del Consejo de Estado y la Corte Suprema, el Ministro del Interior y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional relacionados con la lucha contra la corrupción.
Con esta declaratoria el objetivo es que todos los entes estatales cumplan los mínimos estándares de transparencia y de acceso a la información y datos abiertos para garantizar control y legitimidad en sus actuaciones.
Entre otras medidas, el jefe de Estado sancionó la Ley 1828 del 23 de enero de 2017 que establece el Código de Ética del Congreso; la Dirección de la Dijín presentó el Plan de Fortalecimiento del Grupo Anticorrupción, el cual contará con 100 nuevos hombres y una infraestructura de fortalecida; y el Ministro de Salud y el Superintendente de Salud presentaron los avances en temas relacionados con Saludcoop, Cafesalud, Caprecom y otras entidades del sector.
