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Denuncian irregularidades en juicio contra patrulleros por incendio en estación de Soacha

El abogado denunció que la Procuraduría General pretende culpar a los uniformados por la muerte de tres internos que fallecieron antes.

El abogado Jesús Vergara, quien defiende al teniente César Augusto Martínez, la subteniente Aleida del Pilar González y el patrullero Jorge Eliécer Suárez, que están en juicio por el incendio de la estación de Soacha el pasado 4 de septiembre de 2020 y en el que murieron ocho jóvenes, denunció que la Procuraduría General pretende culpar a los uniformados por la muerte de tres internos que fallecieron antes de la conflagración.

“Hubo un apresuramiento para aplicar una tesis ‘eficientista’, afectando el derecho de defensa. ¿Cómo me defiendo de un homicidio que se le endilga a mi cliente y que sucedió antes de los hechos?”, cuestionó el jurista.

Aunque la Procuraduría aseveró que solo se trataba de un error de digitación y que no es un argumento válido para tumbar el caso, el abogado afirmó que en más de una parte del escrito de acusación salen los nombres de los privados de la libertad que habían fallecido dos meses antes del incendio.

Sin embargo, pese a este posible error, el Ministerio Público destacó los testimonios en los que, por ejemplo, algunos sobrevivientes del incendio relataron que pese a verlos quemarse, los patrulleros se reían de su dolor.

“Me arrinconé, empecé a sentir que me estaba quemando las piernas. Le gritamos al custodio que nos abriera, que nos estábamos quemando y la contestación de él fue: pues quémense, mostrando las llaves”, contó un testigo.

Por estos hechos, la Procuraduría reprochó a los uniformados no solo presuntamente participar en el incendio, no ayudar a los internos en un momento de emergencia, sino permitir el ingreso de estupefacientes, objetos cortopunzantes y encendedores, lo que facilitó que los privados de la libertad pudieran iniciar la conflagración como protesta a que no les permitieran ver a sus familias.

Por estos hechos, la Procuraduría reprochó a los uniformados no solo presuntamente participar en el incendio, no ayudar a los internos en un momento de emergencia sino permitir el ingreso de estupefacientes, objetos cortopunzantes y encendedores lo que facilitó que los privados de la libertad pudieran iniciar la conflagración como protesta a que no les permitieran ver a sus familias.

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