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Foto: Archivo Colprensa 2018.

Estos son los puntos de mayor discusión del Plan Nacional de Desarrollo

Por: Manuel Arias Naranjo

El Plan Nacional de Desarrollo o Plan Plurianual de Inversión es la hoja de ruta que cada gobierno pone a consideración, para su aprobación por el Congreso de la República. Allí se especifican los lineamientos que en los cuatro años de gobierno se van a implementar en materia política, económica, social y de seguridad, con el objetivo de facilitar el buen funcionamiento del Estado.

No obstante, tradicionalmente el trámite de la iniciativa en el Congreso genera intensos debates entre las bancadas políticas y el gobierno. La propuesta actual del PND no es la excepción.

En esta oportunidad, de los 183 artículos de los que consta el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por  Colombia, Pacto por la Equidad 2018 - 2022’, radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, al menos una veintena tiene consideraciones y advertencias por parte de varios congresistas que consideran que son contraproducentes.

Los parlamentarios señalan que estos puntos afectan a estratos bajos de la población, impactan las rentas departamentales, centralizan el Estado o entregan facultades extraordinarias al Presidente de la República, entre muchas de las razones expuestas, condiciones que eventualmente generarán candentes debates en el legislativo.

El capítulo exclusivo para la paz

Las críticas al proyecto no se  han hecho esperar. A solo pocos minutos de haber sido radicado el proyecto en la Cámara de Representantes por el propio presidente Iván Duque Márquez, desde la bancada alternativa del Congreso se advirtió que en el Plan de Desarrollo se estaba desfinanciando la implementación de la paz, al desconocer el artículo transitorio de la Constitución que le dio vida jurídica a los acuerdos, lo cual, a juicio de la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, es claramente inconstitucional.

Según la normativa pactada, se indica que en el Plan Nacional de Desarrollo se debe incluir un capítulo exclusivo para la paz y garantizar recursos específicos para su implementación.

No obstante, en una audiencia pública, citada por la Comisión de Paz del Congreso, para analizar esta eventual omisión en el texto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutierrez, afirmó que “la paz es un tema transversal en el Plan, por lo que los recursos para su financiación se encuentran desagregados en todo el texto de la iniciativa”.

Desmonte de subsidios de energía para estrato tres y aumento de IBC para independientes

Incluso, sin haber iniciado el trámite, la presión de varias bancadas obligó al presidente, Iván Duque, a ordenar a su equipo económico, la eliminación de dos artículos de la iniciativa. El 179, que pretendía recortar los subsidios de energía para los estratos 1 y 2 y elimina este beneficio para el estrato 3 y el artículo 140, que aumentaba del 40 al 55 por ciento la base de cotización salarial para salud y pensión para los trabajadores independientes, que laboran por cuenta propia, como taxistas, estilistas o incluso algunos profesionales.

No obstante, a pesar del anuncio hecho por el propio presidente Duque, el representante a la Cámara, Armando Antonio Zabaraín, coordinador ponente de la iniciativa indicó que,  en el tema de los subsidios, es necesario eliminar también el artículo segundo del Plan, “porque allí se encuentran todas las bases de la iniciativa y de ser aprobado mantendría vivo el recorte de los subsidios”.

Mientras que el senador conservador, Efraín Cepeda Saravia, anunció que presentará una proposición que elimine definitivamente el recorte a los subsidios, “para asegurarse de que quede finalmente abolido ese artículo que afecta a los estratos más vulnerables", aclaró el congresista.

Eliminación de los Ocad

Cepeda también anunció proposiciones en contra del artículo que aumenta la base de cotización de los trabajadores independientes, así como de los artículos 27 y 28, que eliminan los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), desde los cuales se estudian y viabilizan los proyectos en las regiones, que se financian con recursos de las regalías, función que quedaría en manos de entes nacionales, afectando la descentralización y la inversión regional.

Facultades extraordinarias para el Presidente

Por otro lado, también se han hecho advertencias en torno a otros artículos del proyecto, entre ellos el 181, que le entrega facultades extraordinarias al Presidente de la República por seis meses para modificar el Estado, que de acuerdo con el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino, "genera temor de que pueda ser utilizado para desmantelar y liquidar las entidades creadas para implementar los acuerdos de paz”.

Sin embargo, el representante Zabaraín indicó que no necesariamente el artículo es malo.“Habría que puntualizar cuales son las instituciones que se van a transformar, para darle mayor tranquilidad al Congreso”, explica el parlamentario conservador.

Retiro de funciones al DNP y fijación de precios de combustibles

Del mismo modo, el artículo 35 deja al Departamento de Planeación Nacional sin la capacidad de influir en la asignación del presupuesto, pasando esta función al Ministerio de Hacienda, al igual que la potestad para que sea esta cartera la que determine la fórmula para establecer los precios de los combustibles, que a juicio del senador liberal, Luis Fernando Velasco, “sería contraproducente porque al ministro de Hacienda lo único que le interesa es el recaudo” y esto impactaría fuertemente en las tarifas de la gasolina y el diesel.

A propósito de los combustibles, otras advertencias lanza el senador liberal Guillermo García Realpe. De acuerdo con el congresista nariñense, el Plan de Desarrollo elimina los artículos de la Ley de Fronteras, que permiten un subsidio para estos combustibles con el fin de disminuir el contrabando, lo cual encarecería el valor del galón de gasolina y el diesel en estas regiones.

Eliminación del subsidio a pipetas de gas y tarifas de giros de dinero

Así mismo, García Realpe advirtió que el proyecto elimina el subsidio a las pipetas de gas propano.“Beneficio que hoy tienen cerca de 300 mil familias campesinas de siete departamentos del país, lo cual los obligaría a volver al uso del carbón o la leña como combustible, con serias consecuencias para el medio ambiente”, agregó el congresista.

De otro lado, el senador García Realpe indicó que las tarifas de los giros de dinero realizados por los ciudadanos tendrían un incremento de cuatro mil pesos, debido a que el artículo 87 del PND crea un sistema administrado por contratistas de la Registraduría Nacional para cobrar por la identificación biométrica de la huella dactilar.

Modificaciones del impuesto al consumo de licores

Otro de los artículos polémicos es el 148, que modifica las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos importados que, según el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, afecta directamente las rentas departamentales, pues unifica en un impuesto menor los dos gravámenes que hoy tienen estos licores, uno por el precio y otro por el volumen de alcohol.

“En este caso se viola el principio tributario que indica que a mayor precio mayor impuesto”, señaló el parlamentario.

Lo que dicen los promotores

No obstante, a pesar de las múltiples críticas tanto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como a la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, han defendido fervientemente la iniciativa en el Congreso, aunque se mostraron abiertos al debate.

Para la jefe de Planeación Nacional, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo busca “un gobierno moderno, ágil y eficiente con instituciones al servicio de la gente y en donde el gasto público sea transparente para que se transforme en obras de gran impacto social”.

A pesar de que recién arrancó la discusión en las comisiones económicas del Congreso, es largo el camino que le queda por recorrer a la propuesta y tal como le sucedió a la Ley de Financiamiento, presentada por el Gobierno ante el legislativo, es altamente probable que el Plan Nacional de Desarrollo tenga “una fuerte depuración”, como sentenció el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón.