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Los seis proyectos que radicó Gobierno con mensaje de urgencia ante Congreso

Entre las iniciativas están la reforma electoral, el que reglamenta la cadena perpetua y el que formaliza el trabajo en casa, entre otros.

Por: Colprensa

El gobierno nacional anunció éste lunes que enviará mensaje de urgencia para que el Congreso de la República tramite en su nuevo periodo de sesiones, seis proyectos de ley, entre ellos la reforma electoral, el que reglamenta la cadena perpetua y el que formaliza el trabajo en casa, entre otros.

En la lista encabeza la reforma al Código Electoral, que busca unificar y actualizar las disposiciones relacionadas con los procedimientos para el desarrollo de los procesos electorales, adecuándolas a las nuevas necesidades del sistema democrático e innovaciones tecnológicas.

Igualmente en su compromiso por imponer justicia en los casos de agresiones de menores de edad, el gobierno le dará prioridad a la reglamentación de la reforma constitucional de la prisión perpetua revisable, estableciendo las condiciones para la aplicación de esta sanción penal dentro de un proceso de violación y/o asesinato de niñas, niños y adolescentes.

De la misma forma está el proyecto de la Comisión de Moralización Pública que, en el propósito de la lucha contra la corrupción, busca fortalecer los mecanismos de prevención y detección de actos ilegales.

Un tema más de especial interés para el Ejecutivo es que se reglamente el trabajo en casa, que representa una modalidad de prestación de servicios ocasional, temporal y excepcional, que mantiene una dependencia y que respetará las condiciones pactadas al inicio de la relación laboral.

También se radicará con mensaje de urgencia el proyecto de ley Reactivarte, con el que se desarrollan medidas que permitan la reactivación y fortalecimiento del sector cultura y la economía creativa.

Uno más que espera el gobierno el Congreso le de discusión prioritaria es la reglamentación del Sistema General de Regalías, que pretende determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables.

En el paquete de proyectos que se tramitarán de manera ordinaria, están la ley para impulsar el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las Mipymes, de autoría del MinComercio y que busca avanzar en medidas que faciliten la reactivación económica de las empresas, la creación de nuevos emprendimientos y la actividad emprendedora, con una regulación moderna.

El proyecto de Acuerdo Regional Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales: Escazú, que radican la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, el cual busca, con la suscripción de este instrumento, fortalecer los mecanismos existentes y ratificar su compromiso con la democracia ambiental, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible.

Desde el Ministerio de Agricultura está el proyecto del Programa de Alivios a Obligaciones Financieras, que establece medidas para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de aquellos pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales afectados por fenómenos sanitarios, biológicos, caída severa y sostenida de ingresos.

Arrancará su proceso igualmente el proyecto que plantea la creación de una disciplina que permita que haya jueces especializados para que resuelvan adecuadamente los conflictos que se presenten en el sector rural.

También el MinJusticia propone un Estatuto de Conciliación, que integra todas las normas que existen sobre esta materia. También llegará el proyecto que reforma a las Comisarías de Familia para que se dediquen exclusivamente a prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de quienes son víctimas de violencias en el contexto familiar y de pareja.

Por su parte, los ministerios de Defensa, Justicia, Ambiente y Minas proponen la erradicación de la explotación ilícita de minerales, el cual se orienta a fortalecer los instrumentos jurídicos existentes y generar las herramientas necesarias para controlar este ejercicio ilegal en los ecosistemas estratégicos, reducir los impactos ambientales, proteger las cuencas hídricas, reducir los impactos sociales y económicos generados por esta actividad y las demás relacionadas como la exploración, explotación, beneficio, transporte y comercialización.

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