¿Por qué es necesaria una reforma a la justicia en Colombia?

Por: María Camila Idrobo

El Procurador General, Fernando Carrillo, continúa avanzando en la consulta ciudadana para presentar una reforma a la justicia pensada en la ciudadanía. Una de las solicitudes que más le han hecho es que se pueda acceder eficazmente a la justicia, sin barreras que obstaculicen el avance en los procesos jurídicos.

“Las dificultades se encuentran a nivel local municipal, rural, y en todos lados han salido los obstáculos a la rama judicial, las formalidades, los impedimentos, esa es una gran reforma que se debe hacer, que no implica cambiar normas constitucionales solo procesos básicos”, aseguró.

Esta postura fue apoyada por el Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Sindical del Poder Judicial, Humberto López, quien manifestó que no es que los jueces, fiscales, magistrados o procuradores no quieran ayudarle a la ciudadanía o dar respuestas efectivas, solo que están sobrecargados de trabajo.

“Un despacho judicial de cualquier jurisdicción tiene un promedio de 400 a 600 procesos y en algunos casos 3000 o 5000 procesos, los jueces durante los últimos 20 años han multiplicado por seis el rendimiento laboral, hace 15 años producíamos 2147 sentencias diarias y hoy con casi la misma planta de personal, solo se ha aumentado en el 24 %, estamos produciendo más de 12000 sentencias diarias”, aclaró.

Además, resaltó López que la demanda de justicia ha aumentado más del 300 % y teniendo en cuenta la falta de jueces, se van a seguir presentando las demoras, ya que al menos en Colombia 10 jueces deben atender a 100 habitantes cuando según la OCDE para esa cantidad de personas 65 jueces deben dar respuesta a sus procesos.

Sumada a dicha situación, afirma López se debe tener en cuenta la falta de presupuesto que es una constante, “de cada 100 pesos que anualmente pide el Consejo Superior de la Judicatura para garantizar los cambios en la rama judicial, el ministerio de Hacienda solo aprueba el 60 %, es decir que el 40 % de las necesidades anuales quedan insatisfechas, lo que es claro es que no hay voluntad para mejorar y fortalecer el aparato formal de justicia”.

Frente a los aplazamientos de las audiencias, otro de los obstáculos que se denuncian, el juez resaltó que no son comunes, a menos que sean solicitados por alguna de las partes, sin embargo, aclaró que si la ciudadanía ve una irregularidad puede denunciar el hecho ante el Consejo Superior de la Judicatura y así evitar que la administración de justicia se vea afectada.

Precisamente ante la sobrecarga de trabajo, que ha sido otra de las causas detectadas de los atrasos en el sector justicia, el Procurador General, resaltó que la congestión es generalizada en la rama judicial, por lo que “valdría la pena implementar unas normas de descongestión con procedimientos rápidos que no violenten el derecho al debido proceso ni derecho de defensa de la gente, yo creo que estamos avocados a una gran emergencia judicial para descongestionar los despachos y para que el derecho al acceso a la justicia se cumpla en la práctica”.

Por lo que, conociendo estas dificultades, el jefe del Ministerio Público, presentará el próximo 15 de diciembre las solicitudes y requerimientos de la ciudadanía para que sean tenidas en cuenta a la hora de promover una reforma a la justicia, “nosotros esperamos que vengan reformas el próximo año porque entregaremos al Congreso las de carácter legislativo y al poder judicial aquellas de carácter administrativo judicial que se pueden implementar sin necesidad de reforma legal o constitucional”, concluyó.

Mientras el Procurador General radica estas solicitudes, la rama judicial ya ha anunciado que se unirá al paro nacional del 21 de noviembre y nuevamente le pedirán a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, que garantice 282 millones de pesos para contratar más de 2400 empleados que fortalezcan la rama, de no darse esa situación no descartan a inicios de 2020 entrar en paro indefinido.