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Tribunal Superior de Bogotá ratificó condición de imputado a Álvaro Uribe

Según el alto tribunal, la tutela del exsenador es improcedente porque la actuación penal en su contra está en curso.

El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que instauró Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe Vélez, con la que buscaba que se tumbara su condición de imputado, la cual le fue impuesta el 7 de noviembre del año pasado.

La razón de rechazar la tutela, la cual fue presentado el pasado 18 de enero, a pesar de que el caso de Uribe es de alta relevancia constitucional -por ser sui generis-, no cumple con los requisitos para poder elevar una tutela, puesto que estos recursos deben ser excepcionales y subsidiarios.

Dicho recurso presentado por Granados, alegaba una violación a la defensa y al debido proceso, motivado por la decisión que tomó el Juzgado Cuarto al considerar que en el expediente contra el exsenador es equiparable la indagatoria hecha en la Corte Suprema de Justicia, bajo el antiguo sistema penal, con la imputación de cargos que hace parte del sistema que nos rige en la actualidad.

Lo anterior significa que se tienen que haber agotado todas las vías ordinarias y extraordinarias para poder alegar que el último recurso es la tutela, y poder acudir a ella.

Así entonces, para el Tribunal, la tutela del exsenador es improcedente porque la actuación penal en su contra está en curso y, por lo tanto, la tutela no puede convertirse en un medio para "crear procedimientos paralelos o alternativos a los fijados por el legislador, así que el problema jurídico aquí planteado corresponde resolverlo al juez penal", dice el comunicado.

“En este momento el proceso se encuentra en el escenario en el cual la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal debe determinar si presenta una solicitud de preclusión, el escrito de acusación y/o un principio de oportunidad”, dice uno de los apartes del documento.

Además, los magistrados añadieron que, en la teoría de 69 páginas expuesta por el abogado de Uribe, no presentó suficiente material de prueba que pudiera determinar la supuesta vulneración de los derechos.

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