El 70% de las masacres han tenido alerta temprana de la Defensoría: Indepaz

En lo que va del 2020, hasta la fecha la oleada de violencia en Colombia ha dejado un total de 263 personas asesinadas en 66 masacres, según informa el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño, estarían dentro de las zonas más afectadas, pues es donde más se han registrado masacres.

“No son solamente líderes sociales, sino también personas de las comunidades que son asesinadas por sicarios y por todos estos grupos armados y lo que es notable es que son situaciones anunciadas, descritas, situaciones persistentes como las de el bajo Cauca, en donde ya van tres años de violencia sistemática de asesinatos, desplazamientos, desapariciones. Es preocupante y no hay una respuesta del Gobierno”, afirmó el director de Indepaz, Camilo González Posso.

Constantemente la Defensoría del Pueblo emite Alertas Tempranas, en las que advierte y reporta sobre situaciones de riesgo para las comunidades por efectos del conflicto armado, esto con el fin de proteger a la población. Sin embargo, el gran problema, según el director de Indepaz, “es que no hay respuesta, el Estado, la Fuerza Pública, las autoridades no tienen una estrategia que permita darle garantías a la población ante estas situaciones”, señaló.

Gonzáles afirma que casi el 70% de las acciones violentas en el país, han tenido alerta temprana por parte de la Defensoría, por lo que muchas de esas situaciones hubieran podido ser atendidas.

“Las alertas tempranas de la Defensoría son documentos valiosísimos desde el punto de vista de la prevención, porque tienen información detallada, no son boletines, son trabajos muy serios. Y en esas alertas lo que se le dice a las autoridades es ‘actúen’, y hay un sistema y unos comités que se integraron, pero no hay un seguimiento, o una vigilancia para que eso operere”, explicó.

Por ejemplo, el pasado 15 de agosto se registró una masacre en Samaniego (Nariño) que dejó ocho víctimas mortales. El riesgo que corrían los ciudadanos en la zona por parte de Grupos Armados Ilegales (GAI) fue advertido por el Sistema de Alertas Tempranas dos veces. Razón por la cual la Procuraduría General abrió una indagación el pasado primero de octubre, contra funcionarios por la posible desatención a las alertas tempranas registradas.

“Cada informe tiende a detallar la situación, los actores, el contexto social, el tipo de disputa, pero luego la Fuerza Pública se concentra en buscar a los cabecillas de los grupos, pero no hay una acción de tipo conjunto, de carácter preventivo, entonces ahí tenemos una falla”, reflexionó el director de Indepaz.

Otro ejemplo es la situación que se vive en Tumaco, también en Nariño, donde la población ingígena, más exactamente en el resguardo India Zabaleta de la comunidad Awá, se ha convertido en blanco para los grupos armados ilegales. En la última semana dejaron varias víctimas mortales e incluso secuestrados, cuya cifra aún no se ha determinado oficialmente, pero según la organización Colectivo José Alvear Restrepo, se hablaría de cinco muertos.

Una de las razones que enlaza a la comunidad con los enfrentamientos entre el frente Oliver Sinisterra y Los Contadores, es que el resguardo cuenta con cerca de 1.300 hectáreas de coca, según reportó Jesús Arciniegas, director de Fundepaz. El interés de los GAI por el territorio y las rutas, que son estratégicas para el ejercicio del narcotráfico, no son una situación nueva.

Sin embargo, cada caso varía conforme a los “atractivos de la zona” y según el director Gonzales, la droga no es siempre la responsable de estos enfrentamientos.

“No en todas partes el tema central es el narcotráfico. En el bajo Cauca es el oro, en el Chocó hay una combinación con la madera y el tema de tierras y posición estratégica en puertos”, puntualizó.

Frente a la situación del modelo prohibicionista que se mantiene frente al consumo de la dosis mínima, González opina que “vale la pena discutir esa iniciativa que encabezan varios senadores de hacer una regulación en el tema del consumo recreativo adulto de la marihuana y de esa manera sacarla de la esfera del crimen, y también, mirar los temas sanitarios del abuso del consumo de cigarrillo o alcohol, lo mismo con la coca, porque la militarización y la prohibición son la gasolina para el incendio que eleva precios y que convierte ese negocio en uno de altísimos beneficios”, señaló.

González además sugiere que hay que ejercer control sobre todo aquello que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos, pues asegura que los negocios que se hacen en la costa pacífica con el tema de la cocaína, tienen detrás la mano de actores haciendo finanzas en los paraísos fiscales, y todos esos circuítos de los grandes poderes económicos, que finalmente, son parte de la determinación de esa estructura que garantiza rutas y se asegura de que todo funcione.

“Son necesarias dos cosas: regulación y transición. Que les dañen el negocio y no que concentren todo en la acción militar contra pequeños cultivadores e indígenas que es la desviación y la confusión que repite todos los días el ministro de Defensa”, concluye el director de Indepaz.

Consulte el informe de masacres en Colombia hecho por Indepaz aquí.