Procuraduría investiga retrasos en la vía La Prosperidad en el Magdalena
Tras varios meses de seguimiento al desarrollo de la vía La Prosperidad en el departamento del Magdalena, el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo anunció la apertura de un proceso disciplinario en contra de la Gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga; medida que se extendió además en contra de algunos funcionarios de su despacho y terceros que tienen responsabilidad directa en la obra.
Luego de la inspección que realizó el Procurador Carrillo hoy en la zona, la conclusión es que “nada ha avanzado” y por esto “toca tomar acciones desde el punto de vista de orden disciplinario para que esto funcione”. El Jefe del ente de control aseguró que ya se ha girado por parte del Estado más del 50 por ciento de los recursos y la obra apenas lleva el 38 por ciento en su desarrollo.
“Llamó la atención de la Procuraduría que el contrato termina el próximo 7 de noviembre y a la fecha la administración del departamento del Magdalena no ha tomado las acciones contractuales, correctivas y efectivas para llevar a feliz término la ejecución del contrato 617 del año 2013, entre la Gobernación del Magdalena y el Consorcio Rivera Este”, aseguró el Procurador.
El objetivo de este proyecto es lograr la conexión vial entre los municipios de Palermo, Sitio Nuevo, Remolino y Guaimaro, en el Magdalena; proyecto en el que se hicieron inversiones por más de 64 mil millones de pesos por medio de pagos anticipados, dinero que es equivalente al 15 por ciento del valor total del contrato, según lo manifestado hoy por el Procurador.
“No ha sido posible constatar que la Gobernación del Magdalena haya atendido con diligencia las numerosas observaciones hechas durante la ejecución del contrato por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), vinculados a la ejecución de la obra por el compromiso de recursos a la nación”, señaló el jefe del ente de control.
La Procuraduría viene tomando acciones preventivas sobre la inversión de recursos públicos en diferentes regiones del país; por ejemplo, en este caso, desde diciembre del año anterior se solicitó a la Gobernación del Magdalena multar al contratista por las demoras en la obra, acción sancionatoria que no fue ejecutada por parte de esa administración
