Los obstáculos para la erradicación de los cultivos ilícitos en Colombia

Por: Carolina Bustamante

Coinciden el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en que la lenta llegada del Estado a los territorios se ha convertido en una razón difícil de combatir para zonas afectados por la presencia de grupos armados ilegales y plantaciones de coca.

“Falta de educación, salud, servicios básicos, pero sobre todo ocupación para la población joven ha evocado a los territorios a luchar contra la erradicación forzosa y a repensar en la sustitución voluntaria de cultivos. La ayuda del Estado debe llegar, pero con prontitud”: señaló el Fiscal Martínez, en medio de un consejo regional sobre seguridad y cultivos ilícitos.

Para el año 2017, el Gobierno Nacional logró erradicar 53 mil hectáreas ilícitas de las 150 mil, para esa época, registradas por la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, este año la cifra llega a 180 mil y según la ´Carta Blanca´ u hoja de ruta para los próximos 5 años en esta materia, el plan de erradicación por año debe contemplar 70 mil lo que acabaría con el 50% del problema.

¿Qué impide llegar a esta meta?

La sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación no van de la mano: Así lo señaló el diario británico The Economist, al plantear que ambos caminos, pese a que van hacía el mismo fin están en guerra, especialmente por problemas con la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Según la Fundación Paz y Reconciliación su avance llega al 4.7 % de la meta establecida, con alrededor de 23 mil familias en proceso.

Los Grupos Armados Organizados se tomaron los territorios dejados por la desmovilizada guerrilla de las Farc, generando según el Fiscal General, Néstor Martínez, “re victimización de la población: extorsiones a campesinos con cuantías que superan el 30% del millón de pesos, recibido mensualmente como mesada por parte del Gobierno Nacional y amenazas de muerte que les obliga a mantener cultivos ilegales en sus tierras”.

Asesinatos de líderes sociales que apoyan la sustitución de cultivos y que en repetidas ocasiones denuncian precaria seguridad por parte del Estado. Según cifras de la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), mientras en el país bajo la tasa de homicidios, lugares donde hay cultivos de coca, los homicidios a líderes aumentaron en un 11%. Señala que del 55 por ciento de zonas donde comenzó la sustitución el aumento en asesinatos es del 33 por ciento, generando así nuevos desplazamientos y aplazamiento indefinido en temas de erradicación y sustitución.

Resiembra de cultivos ilícitos con tecnología, industria, apoyo de carteles extranjeros e innovación en métodos de procesamiento de alcaloides.

Según el gobierno actual la resiembra de cultivos ilícitos por año es del 28% promedio, con relación al total eliminado y la Policía Antinarcóticos ha puesto al descubierto unos nuevos métodos para obtener dicha planta que se convierten en un nuevo reto par la lucha contra el narcotráfico:

Pequeñas plantaciones escondidas en la selva, que se nutren de linternas que dan calor y permiten que se realice el proceso de fotosíntesis que debe tener la planta para su normal crecimiento; químicos que aceleran el proceso; injertos que aumentan su calidad y la construcción de laboratorios de procesamiento subterráneos que son invisibles ante las autoridades.

Las capturas diarias a miembros de estas organizaciones no garantizan su disolución. El reemplazo inmediato de los mismos permite una mano de obra barata y constante y para esto son objeto de reclutamiento, jóvenes sin estudio ni oportunidades laborales.

A lo anterior se suma el apoyo económico de carteles internacionales que trabajan en conjunto con todos los Grupos Armados Organizados Ilegales del país bajo el propósito de mantener el negocio vivo y subsidiando lo que las Fuerzas Armadas destruyen como laboratorios, maquinaria e insumos químicos para el procesamiento de alcaloides o la explotación minera.

Un plan de choque con tecnología y nuevas moléculas que permitan la erradicación de la hoja de coca como fue la última propuesta del Fiscal Néstor Humberto Martínez el pasado 20 de junio, pues no descarta que se regrese a la aspersión a gran escala.

“Existe una molécula en un proyecto científico que ha desarrollado la Policía con Ecopetrol y que puede llevarse al crudo estatal, eso reduciría un 50% de la productividad de la hoja de coca en Colombia”. Y añadió: “la investigación científica ya culminó y necesita determinación política de ponerla en marcha”.

En el año 2010 había 61 mil hectáreas de cultivos ilícitos en el país; entre los años 2012 al 2015 la cifra subió a 96 mil y la cifra se duplicó a 180 al año 2017. Según registros de La Organización de Naciones Unidas.

El reto según la Flip es “no permitir el fracaso del programa de sustitución de cultivos porque deriva en protesta social y sería aprovechado por organizaciones que buscan tener la vocería de los cocaleros”. También que “militarizar territorios y generar represión social podría fortalecer el nexo entre comunidades dependientes de la coca y grupos narcotraficantes”

Es así como el presidente electo Iván Duque tiene como reto el presupuesto del año 2019 que requiere de 4 billones de pesos para el programa de sustitución y de los cuales se aprobó 1.4 billones.