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Ratifican condena contra 32 jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar

Corte Suprema de Justicia sostiene que son responsables de al menos 1.000 hechos delictivos en el marco del conflicto armado.

Para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los 32 cabecillas paramilitares del Bloque Central Bolívar son responsables de al menos 1.000 hechos delictivos en el marco del conflicto armado colombiano.

Explicó el alto tribunal que todos los cabecillas fueron sometidos a procesos de Justicia y Paz por más de 900 delitos graves que afectaron a más de 6.500 víctimas, entre ellas a la exsenadora Piedad Córdoba, quien fue secuestrada en 1999 por este bloque.

La corporación resolvió, además, que se debía condenar al exjefe paramilitar Ernesto Báez por el secuestro de Córdoba bajo la modalidad extorsiva y no simple, como en un principio había sido condenado por los jueces de Justicia y Paz.

Igualmente, la Corte resaltó que los exjefes paramilitares también deberán responder por la muerte de varios miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia bajo el cargo de homicidio simple.

“La corporación advierte la necesidad de decretar la nulidad parcial de la sentencia, única y exclusivamente, en aquellos tópicos en los cuales se evidencia la necesidad de que la primera instancia emita un pronunciamiento expreso, con la finalidad de salvaguardar, de manera efectiva, el derecho de impugnación y doble instancia”, sostuvo.

Así mismo, en este punto aclaró que en varios de los predios entregados como forma de reparación de víctimas debían excluirse los yacimientos mineros.

Está sentencia es dada a conocer seis días después de la muerte de Iván Roberto Duque, más conocido como Ernesto Báez, y con la misma queda en firme la sentencia a ocho años de prisión contra de Báez, Guillermo Pérez Alzate, Rodrigo Pérez Alzate y otros comandantes paramilitares por los más de 250 homicidios, secuestros y desapariciones cometidos en más de 10 departamentos del país.

Además, con esta sentencia se podrá continuar esclareciendo qué ocurrió con 324 casos de desaparición forzada, 213 desplazamientos y 173 reportes de reclutamiento forzado de los que se responsabilizan a los ex cabecillas.

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