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Ataque a la URI de Popayán generó pérdidas de $20 mil millones: fiscal

Los hechos se presentaron a raíz del suicidio de una menor de 17 años, que luego de ser retenida por agentes del Esmad, denunció haber sido abusada sexualmente.
Judicial
Foto: Presidencia de la República.
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El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el balance preliminar frente a los ataques sucedidos en la Unidad de Reacción Inmediata de Popayán (Cauca), este fin de semana arroja pérdidas cercanas a los 20 mil millones de pesos.

De acuerdo con este balance, en medio de los desmanes que se causaron, fueron hurtadas armas y munición y fue extraída cocaína y marihuana que había sido incautada en operativos contra el tráfico de estupefacientes.

Además, fueron incendiados nueve vehículos y seis motocicletas, sumado a decenas de equipos de cómputo e impresoras. Asimismo, fueron destruidos los laboratorios forenses.

“Este ataque material no implica solamente un ataque a la Rama Judicial, sino a toda la ciudadanía de Popayán”, aseveró el funcionario.

Durante el ataque a la URI también resultaron afectadas las oficinas para la atención integral de víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, las dependencias en las que son atendidos casos contra los niños, niñas y adolescentes.

“En este punto destruido continuará el proyecto de construcción del búnker de la ciudad de Popayán, que se entregará a la ciudadanía en el año 2023. Estamos presentes y continuamos garantizando, con dificultades que iremos superando, nuestra función de administrar justicia en esta ciudad”, reiteró el fiscal.

Cabe recordar que la URI de Popayán fue destruida, tras las protestas por el suicidio de una menor de 17 años, que luego de ser retenida por agentes del Esmad, denunció haber sido abusada sexualmente, motivo por el que habría decidido quitarse la vida.

“Frente al caso de la menor de edad fallecida, la Fiscalía envió dos fiscales a esta ciudad. Una de ellas experta en temas de género y con enfoque de niños, niñas y adolescentes, así como un equipo de Medicina Legal que recuperó la evidencia biológica para realizar y esclarecer lo denunciado por la comunidad. Así mismo, se ordenó una autopsia psicológica con el fin de determinar el contexto en el que ocurrieron los hechos”, indicó Barbosa al priorizar la investigación.

Sin embargo, durante estas protestas también falleció el joven Sebastián Quintero, por lo que Barbosa aseguró que “también será priorizada en las investigaciones, pero quiero recordarle a la ciudadanía de Popayán que no hay en este momento un Instituto Forense, para poder hacer análisis sobre ese cadáver, ni determinar ni esclarecer lo que ocurrió producto de la salvajada que se produjo el día de ayer en esta ciudad”.

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