“Hoy siento que se hace justicia”: campesino desplazado en Mapiripán recibe compensación por su tierra
Durante años, José Baudilio Montenegro vivió bajo la presión de grupos armados ilegales en la región. Según contó, las extorsiones se volvieron parte de su vida cotidiana: le exigían pagar tres millones de pesos mensuales o entregar diez tambores de gasolina. La situación terminó por poner en riesgo su seguridad y la de su familia, hasta que el 5 de marzo de 2008 tomó la decisión de abandonar su predio en la inspección de Puerto Alvira para proteger sus vidas.
Su caso fue llevado ante la justicia con el acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Tras analizar las pruebas y el contexto de violencia que afectó a las familias campesinas de esa zona del Meta, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio reconoció que Montenegro y su núcleo familiar fueron víctimas de abandono forzado.
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En la sentencia, el despacho judicial determinó que el retorno al predio no era posible y ordenó como medida de reparación la compensación económica por equivalencia, un mecanismo contemplado en la Ley 1448 de 2011 para garantizar los derechos de las víctimas cuando no pueden regresar a sus tierras.
La Dirección Territorial Meta de la URT hizo efectiva esta orden judicial, dando cumplimiento a la decisión que busca restablecer los derechos del campesino afectado por el conflicto.
“Después de tantos años de haber tenido que dejar mi tierra por la violencia, hoy siento que se hace justicia y que el Estado cumple con dignidad a las víctimas”, expresó Montenegro al recibir la compensación.
Para él, el proceso no solo representa una reparación económica, sino también el reconocimiento de una historia marcada por el desplazamiento y la pérdida. Su caso refleja la realidad de muchas familias rurales que, tras haber sido expulsadas de sus territorios por la violencia, avanzan hoy en procesos de reparación para reconstruir sus proyectos de vida.
