Tras la pista de los horrores del conflicto en Colombia

Unidos desde hace tres años en esta empresa, María Teresa Duque, César Osorio, Ernesto Jaimes, Myriam Loaiza, Gilberto Villa y Patricia Echeverri trabajan bajo la dirección de Margoth Guerrero entre un universo de víctimas que no para de crecer y que ya roza los siete millones.

Este equipo (otras 40 personas trabajan en más apartados) busca una particularidad que les fue encomendada por el Centro de Memoria Histórica, organismo estatal creado en 2011 por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para documentar el conflicto interno, cuyos alcances eran extremadamente difusos.

"A nosotros nos interesa solo una parte muy pequeña de los archivos, que son los que hacen referencia a graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH)", explicó a Guerrero, directora del archivo de derechos humanos.

Duque, asesora jurídica del equipo, apunta que deben buscar "en el caso del DIH, vulneración de reglas que rigen el desarrollo de los conflictos armados" y en lo referente a violación de derechos humanos "aspectos como vulneración de la vida, privación injusta de libertad o trato cruel", entre otros.

"No existe referente de un archivo de estas características. Por eso creamos un documento que da una metodología, una política pública para organizar la recopilación, cuál es la tarea del Estado y de qué se encarga cada uno", subraya Osorio, abogado y pedagogo.

Esa metodología acaba de presentarse en Colombia en un volumen de 141 páginas que recoge, entre otras cosas, definiciones básicas: ¿Qué es un documento de archivo?

"Es como una pieza del rompecabezas, que sumados me pueden permitir esclarecer qué pasó, quienes fueron los victimarios, qué impacto generó en la comunidad, el dolor, los traumas que la misma comunidad ha tenido que padecer en el conflicto, si las instituciones actuaron o no actuaron...", comenta Osorio.

Pueden ser fotografías, recortes de prensa, copias de denuncias ante las autoridades, diarios, grabaciones de audio, documentos oficiales y hasta recibos de compra de ropa que permitieron identificar el cadáver de un desaparecido.

Todo cabe en este archivo, que será digital y que ya suma 86.000 registros procedentes de entidades del Estado, pero sobre todo de organizaciones civiles que han aportado más del 60 % del total.

"Normalmente hay una pedagogía para que la gente aprenda a usar unos archivos ya producidos, pero en Colombia lo interesante es que estamos buscando que sean las víctimas también las que los conformen", apunta Osorio.

Eso implica viajar a las regiones y ganarse la confianza de quienes han padecido los horrores de la guerra y ahora se muestran reacios a cooperar.

"Hemos tenido que ir a las casas y sacar los archivos escondidos debajo de las camas, pero para llegar ya hay un nivel de confianza y tranquilidad frente al manejo e importancia de la información", subraya Osorio.

Con especial orgullo, Viviana Pineda, responsable de comunicaciones del equipo, recuerda el caso de Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde, militante del Partido Comunista que fue torturado y ejecutado en 1984 por militares. Fue el primer crimen en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la responsabilidad del Estado colombiano.

Lalinde conservaba en su casa documentación recopilada durante tres décadas que en un primer momento rehusó dar, pero a la que convencieron "de a poquitos".

"La primera reacción fue: de aquí no sale una carpeta. Y ese es un archivo muy importante, porque se puede ver cómo ha ido evolucionando el delito de desaparición forzada en Colombia. En ese archivo está la historia de este país", dijo Pineda.

El equipo deja claro que aunque deban garantizar la conservación de los archivos para que el país conozca la verdad, cada entidad deberá hacerse responsable de su carga documental, y también que la continuidad del conflicto hace difícil prever el alcance de su tarea.

Cuando se juntaron les dijeron que su trabajo se extendería una década, pero tres años después, Guerrero admite que "con cada nuevo hallazgo la fecha se va más atrás" del año desde el que parten para investigar, 1985, pues hay casos de atropellos que se remontan más.

Además, las autoridades ya hablan de casi siete millones de víctimas registradas, cifra que pocos creen que no siga aumentando.

"No es solamente recoger la historia, es que la historia se está generando a diario en el marco de este conflicto", afirma Guerrero.

EFE