Bucaramanga es sede de nueva audiencia de reconocimiento por la verdad de las víctimas del Bloque Magdalena Medio de las ex- FARC-E
Fueron citados cuatro exintegrantes señalados como máximos responsables: Erasmo Traslaviña Benavides (alias “Jimmy Guerrero”), Pedro Trujillo Hernández (“Alberto Cancharina”), Jairo Reinaldo Cala Suárez (“Jairo Quintero” o “Jairo Mechas”) y Fabio Gil Forero (“Norbey Narváez”).
La JEP los señala por crímenes de guerra, como toma de rehenes, y delitos de lesa humanidad: homicidios, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, tratos crueles e inhumanos, desplazamiento forzado y otros.
Según la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, los secuestros del Bloque Magdalena Medio respondían a dos fines fundamentales: financiar su guerra y controlar territorios.
Durante la audiencia, la magistrada a cargo, Julieta Lemaitre Ripoll, confirmó que las órdenes de secuestro provienen directamente del antiguo secretariado de las FARC-EP.
El bloque operó en múltiples departamentos: Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. En total, 189 víctimas —directas e indirectas— lo señalan como responsable de su secuestro.
Esta audiencia marca un nuevo paso del Caso 01 de la JEP, que agrupa los secuestros sistemáticos cometidos por las extintas FARC-EP en todo el país. Con ella se busca hacer visible la verdad, reconocer las responsabilidades y abrir rutas de reparación para las víctimas.
Es importante recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP.
Su función principal es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos cometidos en el conflicto armado, buscando verdad, responsabilidad y reparación para las víctimas.
En concreto, la JEP tiene tres grandes funciones:
Esclarecer la verdad: Determinar qué ocurrió durante el conflicto, establecer responsabilidades individuales y colectivas, reconstruir patrones criminales y contextos.
Administrar justicia: Investigar y procesar a responsables de delitos graves como secuestro, homicidios, desaparición forzada, violencia sexual, reclutamiento, entre otros; ofrecer sanciones propias (restaurativas) si hay reconocimiento de verdad y responsabilidad, o sanciones ordinarias (privativas de la libertad) si no lo hay.
Garantizar reparación y no repetición: Ordenar medidas restaurativas para las víctimas y las comunidades, condicionar beneficios a que los comparecientes aporten verdad plena y contribuyan a reparar el daño y asegurar que los hechos no se repitan mediante compromisos verificables.
Esta justicia, con un enfoque restaurativo que prioriza la verdad, las víctimas y la construcción de paz, tiene la misión de mitigar la impunidad. Para muchas víctimas y comunidades afectadas en Santander, esta diligencia representa una oportunidad para escuchar responsabilidades, exigir memoria y avanzar hacia la justicia.