Los nombres que la violencia no debe borrar: justicia, memoria y luchas

Detrás de cada cifra de feminicidio hay una historia que quedó inconclusa. Los casos de Sharit, Stephanie, Diana y Sonia reflejan las dificultades que enfrentan las víctimas y sus familias en la búsqueda de justicia, y evidencian una realidad que continúa afectando a muchas mujeres en el Tolima.

Sharit Alexandra Ciro Parra, Diana Milena Carrero Vergara, Stephanie Katherine Bocanegra y Sonia Milena Gonzales Ladino son nombres que no se pueden olvidar en la ciudad de Ibagué y que merecen ser recordados en todo el territorio nacional.

Mujeres que deberían llegar a nuestra memoria por su talento, su trabajo, por los sueños que construían y por el lugar que forjaron en sus familias y comunidades, pero cuyos nombres hoy se mencionan cuando se habla de feminicidio.

Cuatro mujeres de diferentes edades: trabajadoras, estudiantes, hijas, hermanas, madres. Cuatro historias de vida que, como las de muchas otras mujeres en esta ciudad, fueron interrumpidas por la violencia.

Mujeres a quienes les arrebataron el tiempo que aún tenían por vivir. Detrás de estos casos hay familias que siguen esperando respuestas y una sociedad que se pregunta cómo evitar que estas historias se repitan.

En el Tolima, las cifras de violencia contra las mujeres reflejan una problemática persistente que va más allá de los casos que alcanzan visibilidad pública.

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Datos de instituciones como Medicina Legal y organismos de seguimiento señalan que cada año se registran miles de denuncias por violencia de pareja, intrafamiliar, agresiones y delitos sexuales en el departamento.

Solo en 2023 se reportaron más de 4.000 casos de violencia contra mujeres, entre ellos más de 1.400 casos de violencia de pareja y cerca de 1.000 presuntos delitos sexuales.

A este panorama se suman los feminicidios, la expresión más extrema de estas violencias. En Colombia se registraron más de 700 feminicidios en 2024 y, aunque el número de casos en el Tolima es menor en términos absolutos, el departamento ha presentado tasas por encima del promedio nacional en años anteriores.

Sin embargo, organizaciones sociales y defensoras de derechos de las mujeres del Tolima, advierten que el problema no se limita a las cifras, sino también a los procesos judiciales.

Muchos casos permanecen en etapa de investigación durante largos periodos y solo una pequeña parte llega a sentencia. Para muchas víctimas y sus familias, denunciar termina siendo apenas el inicio de un camino largo y complejo en la búsqueda de justicia.

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Según explica Fiorella Barajas Meneces, fundadora de la firma jurídica Ibanasca, el marco normativo en Colombia para enfrentar la violencia contra las mujeres ha tenido avances importantes en la última década.

Uno de los hitos más relevantes fue la creación del delito autónomo de feminicidio mediante la Ley 1761 de 2015, también conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que permitió dejar de tratar estos crímenes como homicidios simples o agravados y reconocerlos como una forma específica de violencia basada en género.

A este marco se suman reformas más recientes, como la Ley 2356 de 2024, que eliminó beneficios judiciales para agresores, entre ellos la posibilidad de cumplir condenas con casa por cárcel.

La Ley 2477 de 2025, que busca reforzar el principio de debida diligencia en los casos de violencia de género, obligando a fiscales y jueces a aplicar un enfoque de genero diferencial que tenga en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y de los procesados.

Entre estos mecanismos se encuentra la ampliación de la figura de la prueba anticipada, que permite practicar testimonios y otros medios probatorios antes del juicio oral cuando exista riesgo de revictimización o de pérdida de la prueba.

“Pese a estos avances normativos, en la práctica muchos procesos enfrentan obstáculos que retrasan el acceso a la justicia. Aunque algunas reformas buscan cerrar beneficios para los agresores, los procesos pueden prolongarse durante años y, en ocasiones, terminan atravesados por vacíos legales o interpretaciones normativas que afectan su avance. Por decirlo así, hay que insistir mucho para que los procesos avancen y no sean olvidados”, afirma Barajas.

En ese contexto, la denuncia suele ser apenas el primer paso de un camino complejo para las víctimas y sus familias, quienes muchas veces deben esperar largos periodos para que los procesos avancen.

Y es precisamente en medio de ese contexto donde aparecen las historias. Detrás de las cifras, de las leyes y de los expedientes judiciales, hay vidas concretas que quedaron interrumpidas por la violencia.

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Sharit Alexandra Ciro Parra tenía 19 años. Era estudiante de Artes Plásticas y Visuales en la Universidad del Tolima y quienes compartieron con ella la recuerdan como una joven alegre, talentosa y profundamente apasionada por el arte.

Su vida fue arrebatada el 8 de marzo de 2025, el mismo día en que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer.

Un crimen que estremeció a la comunidad universitaria y a la ciudad entera. Por este caso fueron capturados dos jóvenes señalados como presuntos responsables; sin embargo, meses después ambos recuperaron la libertad por vencimiento de términos mientras el proceso judicial continúa.

Stephanie Katherine Bocanegra, de 31 años, también tenía planes que quedaron suspendidos por la violencia.

Era madre y, al momento de su asesinato, estaba embarazada. Fue asesinada el 24 de febrero del 2024, según las autoridades, fue atacada por su expareja dentro del establecimiento comercial donde trabajaba en Ibagué.

La agresión no solo terminó con su vida, sino también con la del bebé que esperaba. Familiares denunciaron que Stephanie había acudido a la Policía solicitando protección frente a su expareja.

Diana Milena Carrero Vergara, de 44 años, era enfermera y madre de dos hijos. Quienes la conocían la describen como una mujer dedicada a su trabajo y a su familia, acostumbrada a cuidar de otros desde su profesión.

El 21 de diciembre de 2024 fue vista por última vez tras salir de una reunión con compañeros de trabajo, días después se conoció la noticia de su fallecimiento. La búsqueda no fue liderada por las autoridades, sino por sus propios familiares, quienes emprendieron el proceso ante la presunta negligencia institucional.

La Fiscalía señaló como presunto responsable a su pareja sentimental, quien fue capturado e imputado por feminicidio y ocultamiento de pruebas en medio de una investigación que aún busca esclarecer completamente lo ocurrido.

Y mientras estas historias se escriben, mientras sus nombres se organizan en líneas y párrafos para intentar comprender lo ocurrido, otro nombre se suma a la memoria de la ciudad.

El día jueves 12 de marzo del 2026, Sonia Milena Gonzales Ladino, de 35 años, fue asesinada mientras esta nota aún estaba en construcción.

Su muerte recuerda que detrás de cada cifra hay una vida, una familia y una historia que no alcanzó a terminarse. Cada uno de estos nombres fue alguna vez parte de una rutina cotidiana: una conversación, un abrazo, un plan para el futuro.

Las historias de Sharit, Stephanie, Diana y Sonia no deberían quedarse únicamente en expedientes judiciales o en titulares que con el tiempo se olvidan.

Recordarlas también implica exigir que las autoridades fortalezcan las rutas de atención, garanticen medidas de protección efectivas y acompañen a las víctimas y a sus familias durante los procesos judiciales.

Cada caso recuerda la urgencia de construir entornos más seguros para las mujeres, donde denunciar no sea un riesgo y donde la justicia llegue de manera oportuna.

La responsabilidad social frente a la violencia contra las mujeres también pasa por la forma en que la pensamos y la reproducimos en la vida cotidiana.

No se trata únicamente de los casos que terminan en tragedia, sino de todo aquello que ocurre antes y que muchas veces se normaliza: el lenguaje, el trato, la forma en que aún se invalida, se subestima o se mira por debajo a las mujeres.

La violencia también puede ser pasiva y silenciosa: aparece en las brechas salariales, en las cargas desiguales de la crianza o en la forma en que se les trata en espacios públicos y privados. Incluso la indiferencia, seguir como si nada ocurriera, termina siendo una manera de borrar su memoria.

En memoria de Sharit, Diana, Stephanie y Sonia; de todas quienes ya no están, de quienes no conocemos sus nombres, de quienes sufren en silencio y de quienes siguen luchando cada día.

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