Presupuesto de salud creció más de 50 % durante Gobierno del presidente Petro
Ante los cuestionamientos por el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, el Ministerio de Salud defendió la decisión y reiteró que el debate no se centra en la falta de recursos, sino en cómo las EPS administran el dinero del sistema.
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sostuvo que el ajuste responde a criterios técnicos y legales, y que las críticas desconocen el aumento sostenido del financiamiento público en salud durante el Gobierno del Cambio.
¿Cuánto ha crecido la financiación del sistema de salud?
Según cifras oficiales, entre 2022 y 2026 el presupuesto de salud aumentó en más de 25 billones de pesos, lo que equivale al 1,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), una vez descontada la inflación.
En el mismo periodo, la UPC registró un incremento acumulado del 30,4 %, es decir, 22,9 billones de pesos, correspondientes al 1,3 % del PIB, un aumento que el Gobierno calificó como un esfuerzo fiscal sin precedentes para fortalecer la sostenibilidad del sistema.
El Ministerio afirmó que el ajuste de la UPC 2026 fue definido mediante una metodología rigurosa, basada en datos reales de uso y costos, información oficial y la participación de los distintos actores del sector.
De acuerdo con la cartera de Salud, el aumento es suficiente, cuenta con respaldo técnico y cumple las órdenes de la Corte Constitucional, por lo que descarta que el desbalance financiero pueda atribuirse a una decisión gubernamental.
Para el Gobierno, el problema estructural está asociado a la representación de las EPS a través de algunos gremios, entre ellos la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), a quienes señala de reportar información con inconsistencias graves.
Estas fallas, según el Ministerio, han provocado pérdidas multimillonarias y afectan directamente la atención de los usuarios, además de distorsionar los diagnósticos financieros del sistema.
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¿Qué irregularidades detectó el Ministerio en los reportes?
El comunicado oficial advierte sobre pagos asociados a personas fallecidas, así como servicios básicos facturados con valores por encima del mercado, prácticas que habrían sido recurrentes y acumuladas durante años.
Para la cartera de Salud, estas irregularidades explican buena parte del desequilibrio financiero que algunos sectores atribuyen al Estado, lo que interpreta como un intento por trasladar responsabilidades.
El Ministerio subrayó que la metodología de cálculo de la UPC se construyó con base en la información reportada por las EPS y fuentes oficiales, y que fue precisamente su análisis el que permitió evidenciar las inconsistencias en el manejo de los recursos.
En ese sentido, cuestionar la metodología —afirmó la entidad— equivale a desconocer los hallazgos que revelan problemas estructurales en la gestión financiera del sistema de salud.
Con esta posición, el Gobierno del Cambio ratifica que el debate sobre la UPC trasciende el monto del aumento y apunta a la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos en salud.