En medio del Consejo de Ministros realizado en Cartagena para evaluar la emergencia por lluvias, el presidente Gustavo Petro confirmó que su administración prepara un nuevo decreto para reinstaurar la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, luego de que el Consejo de Estado dejara sin efectos la norma expedida en 2018.
La decisión judicial anuló el Decreto 1500 de 2018, firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que delimitaba y protegía el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. El alto tribunal argumentó razones de forma en su expedición, sin pronunciarse en contra del fondo del contenido.
¿Qué propone el Gobierno con el nuevo decreto?
El jefe de Estado planteó que la Línea Negra no solo representa una figura de protección cultural y ambiental, sino que también podría traducirse en una reforma agraria en la región. Según explicó, dentro del macizo montañoso conviven comunidades indígenas y campesinas, lo que obligaría a abrir espacios de concertación territorial.
Petro señaló que algunos campesinos podrían acordar su reubicación hacia zonas más fértiles y planas, siempre que exista acompañamiento institucional. En ese escenario, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tendría un papel central en la implementación de eventuales acuerdos.
¿Qué papel tendrán las comunidades indígenas?
El mandatario insistió en que la construcción del nuevo decreto debe contar con la participación directa de las bases indígenas. “La decisión final debe ser tomada por las comunidades”, sostuvo, al indicar que el texto debería estar previamente dialogado.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la nueva reglamentación ampliaría el territorio sagrado, reforzaría el cuidado del agua y consolidaría prácticas productivas compatibles con la preservación ambiental en la Sierra Nevada.
¿Qué advirtió el expresidente Juan Manuel Santos?
Tras conocerse la nulidad, el expresidente Juan Manuel Santos publicó un mensaje en X en el que alertó sobre los posibles riesgos jurídicos y territoriales para los pueblos indígenas y pidió al Gobierno actuar con urgencia para restablecer la figura de la Línea Negra.
La reacción del exmandatario abrió un nuevo capítulo político alrededor de una decisión judicial que, aunque sustentada en aspectos formales, reactivó el debate sobre la protección de territorios ancestrales, la seguridad jurídica y el alcance de la política agraria en una de las zonas más estratégicas del país.
Con este anuncio, la Casa de Nariño busca reconstruir el marco normativo que respalde los derechos territoriales indígenas en la Sierra Nevada, en un contexto marcado por tensiones ambientales, sociales y políticas.