Tribunal Administrativo de Santander suspendió temporalmente el cobro de la tasa de seguridad en Santander
El Tribunal Administrativo de Santander decretó suspender de manera temporal el cobro de la tasa de seguridad en el departamento que el pasado 25 de abril había aprobado la Asamblea.
A través de una demanda de nulidad con medida cautelar de urgencia, se le había solicitado al alto tribunal que suspendiera el cobro que desde septiembre se iba a comenzar a hacer efectivo en Santander, con el propósito de destinar esos recursos a mejorar la seguridad y el orden público de ese departamento.
“Suspensión provisional de la Ordenanza No.15 del 29 de abril de 2025"
En las últimas horas, este tribunal se pronunció al respecto y decretó “la suspensión provisional de la Ordenanza No.15 del 29 de abril de 2025 por medio de la cual se impone la tasa especial para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana”.
El documento lo firma el magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra.
Iniciativa del gobernador Juvenal Díaz
En su momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, insistió ampliamente en los posibles beneficios de este cobro e incluso dentro de los debates ante la Asamblea de Santander se tuvo que especificar que las viviendas de estratos 1 a 3 no lo pagarían.
“Una tasa que nos va a permitir invertir en tecnología, en movilidad y en convivencia. Ya el decreto está firmado y vamos a iniciar una campaña para informar a la opinión pública, para que no haya desinformaciones”, explicaba por aquellos días el gobernador Díaz Mateus.
Esta tasa, que había sido aprobada por las mayorías de la Asamblea, de inmediato tuvo su respuesta. Los concejales de Bucaramanga Carlos Parra y Camilo Machado, el diputado santandereano, Danovis Lozano, y el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, demandaron la ordenanza bajo la figura de nulidad con medida cautelar de urgencia.
El resultado fue la suspensión provisional de este cobro.
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"Tenía múltiples vicios de procedimiento"
“El Tribunal nos da la razón, porque aparte de inconveniente, tenía múltiples vicios de procedimiento”, explica Avendaño. Según el congresista, esta ordenanza “no tenía análisis de impacto fiscal, los cambios que le habían hecho mostraba improvisación y tampoco era claro en qué se iban a invertir esos recursos”, detalló.
Aunque esta medida es provisional en respuesta a la medida cautelar, la decisión final aún no se conoce.
Según el congresista, hay que esperar que el Tribunal entregue una sentencia definitiva. Entre tanto la Gobernación no puede empezar a cobrar esta tasa. “Habrá que esperar esa decisión final y por los argumentos ya expuestos, seguramente salga a nuestro favor”, advirtió el congresista.
