La Unidad de Restitución de Tierras logro en 2025 recibir más 10.152 solicitudes de restitución en el departamento del Meta
Las jornadas de la RUT territorial Meta-Guaviare alcanzan un hito histórico, de acuerdo con el balance presentado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Según la entidad, “en toda la vigencia de la Ley 1448, en esta jurisdicción se han recibido 12.589 solicitudes de restitución, de las cuales 10.152 corresponden al departamento del Meta”. La cifra también es significativa en el departamento del Guaviare, donde —de acuerdo con el informe presentado por Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial— se registraron 2.148 solicitudes de restitución en Guaviare y 289 en los municipios de Medina, Paratebueno y Ubalá, en Cundinamarca, territorios que hacen parte de esta jurisdicción.
Las cifras, además de evidenciar el trabajo de la URT, reflejan la dimensión del despojo de tierras en la región, donde el conflicto armado dejó una profunda huella en las familias víctimas, que aún conservan la esperanza de un mejor mañana.
En materia de restitución de tierras, la URT destacó la intervención en 44.533 hectáreas, correspondientes a 305 predios reclamados. Estas acciones se realizaron mediante labores catastrales y el uso de tecnología aérea, fortaleciendo los procesos técnicos y jurídicos.
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El director territorial afirmó que “este balance de gestión refleja un compromiso real con las víctimas, la justicia territorial y la transformación del campo en Meta y Guaviare”. Asimismo, señaló que la restitución ha estado acompañada de proyectos productivos, con una ejecución de al menos 100 millones de pesos.
Otro de los avances destacados es la restitución de derechos de las víctimas étnicas, especialmente de los pueblos originarios que sufrieron confinamiento, despojo y amenazas a su cultura e identidad. En este componente, la URT presentó 19 demandas para reclamar 1.899.045 hectáreas y logró la restitución de 16.000 hectáreas al Resguardo Indígena Florida Kawinanae, en Puerto Gaitán, Meta.
Estas acciones evidencian el trabajo institucional y el compromiso del Gobierno nacional con las comunidades, así como la lucha por erradicar la desigualdad social en los territorios más afectados por el conflicto armado.