El incremento de recursos permitió ampliar la gratuidad a cerca de 40.000 estudiantes, fortalecer presupuestos institucionales e impulsar inversiones en infraestructura y oferta académica.
La nueva norma reemplaza el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), vincula progresivamente la inversión al PIB con una meta del 1% y consolida la gratuidad como política estructural, con una cobertura que ya alcanza el 60%.
