El presidente Gustavo Petro promulgó desde la Universidad del Cauca, en Popayán, la Ley 2568 de 2026, que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y redefine el esquema de financiación de las instituciones de educación superior públicas. La norma pone fin a más de tres décadas en las que el crecimiento de los recursos universitarios estuvo atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), un mecanismo que el Ejecutivo consideraba incapaz de cubrir los costos reales del sector: los costos operativos de las universidades crecen en promedio un 9% anual, mientras el IPC se ha movido históricamente por debajo de ese umbral.
La elección del escenario no fue casual. El Cauca es la fotografía de las brechas históricas en acceso a educación superior del país, y la Universidad del Cauca es la principal institución pública de una región marcada por décadas de conflicto armado, desplazamiento y pobreza rural. El Presidente hiló su discurso en ese sentido: la educación pública no es solo una política sectorial sino el instrumento central para construir paz, reducir la violencia y proyectar a Colombia en el mundo.
No te lo pierdas: 930 mil estudiantes son financiados con recursos del Estado
Qué cambia con la Ley 2568
El núcleo de la reforma es el cambio de indicador. La nueva ley sustituye el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, que mide con mayor precisión el comportamiento de los gastos propios del sector: nómina docente, infraestructura, investigación y servicios. El nuevo marco también incorpora recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas regionales y avanzar en formalización laboral docente.
De manera progresiva, la ley vincula la inversión en educación superior pública al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), con una meta de largo plazo equivalente al 1% del PIB. El Congreso aprobó la iniciativa el 15 de diciembre de 2025 con 116 votos a favor y ninguno en contra. Con la sanción presidencial de este martes, entra en vigencia para el ciclo presupuestal de 2027, el primero del siguiente gobierno.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, resumió la apuesta fiscal: los recursos aumentados en IPC más 30 puntos debían hacer base presupuestal para que la gratuidad dejara de ser coyuntural y se volviera estructural.
De 8,3 a 13,3 billones: cuatro años de inversión
Las transferencias del Estado a las universidades públicas pasaron de 5,5 billones al inicio del gobierno a cerca de 12 billones en 2025. Para 2026, el presupuesto supera los 13,3 billones, lo que representa un aumento del 104% en recursos de funcionamiento frente a 2022. Con la reforma vigente, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón adicional.
La tasa de cobertura pasó del 54,9% en 2022 al 60% en 2025, equivalente a 347.710 nuevos cupos creados. El reto planteado por el Presidente es llevarla al 70% en el próximo gobierno, tomando como referencia el promedio de la OCDE (75%) y el caso de Corea del Sur (100%).
La tasa de tránsito inmediato subió del 41,1% al 49,8%. En zonas rurales pasó del 24,7% al 32,5%, y en urbanas del 46,2% al 53,7%. Sobre la gratuidad, el mandatario afirmó que la cobertura alcanza el 97% en universidades públicas e instituciones tecnológicas.
Educación pública y paz: el eje político
El Presidente sostuvo que la educación es el “cemento de la paz” y el instrumento más sólido para superar la violencia estructural. Argumentó que la ignorancia ha sido históricamente combustible de la violencia política y que la universidad pública debe articular saberes académicos con conocimientos indígenas y populares, no suprimirlos.
También rechazó visiones de superioridad cultural en el escenario internacional y defendió que América Latina debe proponer el diálogo entre civilizaciones y no la confrontación.
Te puede intesar: Pública y gratuita: Gobierno nacional garantiza el acceso a la educación superior para cerrar brechas de desigualdad.
Metas finales del gobierno
El Ministerio de Educación deberá completar la apertura de nuevas sedes universitarias y superar los 400.000 nuevos cupos desde 2022 antes de finalizar el mandato. El presupuesto de 2027 deberá incorporar como base el nuevo esquema de la Ley 2568.
Entre los logros recientes se mencionó la apertura de sedes en Nazaret (La Guajira) y una facultad de medicina en Riohacha, territorios históricamente excluidos.
Con la Ley 2568 sancionada, Colombia cuenta por primera vez con un esquema de financiación universitaria atado a los costos reales del sector y vinculado al desempeño de la economía, con una cobertura actual del 60% y la meta de acercarse al nivel de los países de la OCDE en los próximos cuatro años.