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Las preguntas de la Corte Constitucional al admitir demanda contra el delito de aborto

Luego de que la Corte Constitucional aceptará estudiar una demanda para que el aborto en Colombia no sea un delito, cuando no se realiza bajo las tres causales permitidas desde el 2006, el alto tribunal acudió a más de 50 expertos para conocer su concepto.

En total, la Corte Constitucional realizó 162 preguntas a los expertos, de las cuales 18 fueron enviadas al Ministerio de Salud para que le responda cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres para la interrupción de sus embarazos, los efectos de los abortos clandestinos y si existe una política pública para atender los abortos inseguros.

Asimismo, la Superintendencia de Salud deberá contestar cuántas quejas y qué sanciones ha realizado por estos casos, Mientras que el Instituto Nacional de Salud debe informar cómo se está garantizando la interrupción del embarazo durante la pandemia de la Covid-19. 

Por su parte, el Ministerio de Educación debe aclarar si existen políticas públicas sobre educación en derechos sexuales y reproductivos. La Alta Consejería para la Equidad de la Mujer si se están atendiendo a mujeres migrantes y víctimas del conflicto armado y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el número de niñas y adolescentes que han accedido a un aborto legal.

Por su parte, la Fiscalía debe indicar cuántas investigaciones ha abierto desde el 2006 por abortos, teniendo en cuenta que este año se permitió está práctica en tres causales y el Consejo Superior de Política Criminal informar las iniciativas legislativas que se han presentado frente a la interrupción voluntaria del embarazo.

La Corte Constit-ucional también envío las preguntas al Congreso, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, la ONU, Profamilia, profesores de universidades, Médicos sin Fronteras, el Tribunal de Ética Médica y otros expertos. 

Cabe recordar que el auto, firmado por el magistrado Antonio José Lizarazo, a quien le correspondió por reparto evaluar este tema, acepta revisar esta demanda contra el artículo 122 del Código Penal, que es el que castiga el aborto con penas de cárcel de hasta cuatro años.

En el auto emitido con fecha del 19 de octubre, el magistrado les da la razón a las demandantes, tras asegurar en que sus argumentos "logran generar una duda de constitucionalidad razonable en relación con los cargos presentados en su demanda por la presunta vulneración" de al menos 13 artículos de la Constitución, a causa de la criminalización del aborto.

Con esa valoración, Lizarazo tendrá que hacer una ponencia que, más adelante, tendrá que presentar ante la Sala Plena para establecer si mantiene el delito de aborto tal y como está, si lo modifica, o si lo tumba, como piden las demandantes.

En el auto, Lizarazo ordena comunicarle esta decisión a los presidente del Senado y Cámara de Representantes, al Ministro de Justicia, a la Secretaría Jurídica de Presidencia para que, si lo consideran pertinente, envíen sus intervenciones máximo en 10 días hábiles en las que expongan "las razones que justifican la constitucionalidad de la disposición sometida a control". También se le envió al Procurador para que, en máximo 30 días, entregue su posición sobre el tema.