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Policías no podrán entrar a ninguna casa sin orden de un juez

El alto tribunal tumbó un artículo del Código de Policía que facultaba a los uniformados a entrar a los domicilios privados.

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el artículo del nuevo Código de Policía que permitía “desactivar temporalmente la fuente de ruido de un bien inmueble, dentro de la atribución que le fue concedida a las autoridades de Policía”.

El alto tribunal explicó que dicha norma violaba los derechos fundamentales de las personas, entre los que se encuentra el derecho a la privacidad, por lo que advirtió que bajo ninguna circunstancia los policías podrán ingresar a una vivienda para desactivar una fuente de ruido.

El vicepresidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, señaló que, aunque los policías mantienen sus facultades, no podrán excederse ingresando a las viviendas. “Mantiene la competencia de las autoridades de Policía para desactivar las fuentes de ruido cuando quien lo genera no lo hace personalmente (...) dicha competencia no incluye el ingreso al domicilio de las personas conservando así el derecho a la intimidad y a que se le respete el domicilio de acuerdo a lo que explica la Constitución”.

La Corporación acogió la solicitud de los demandantes que afirmaban que está norma violaba la constitución, ya que “no establece un límite a la actividad de la Policía, pues se deja a discreción de los funcionarios transgredir derechos a la intimidad personal, a la familia o a la inviolabilidad del domicilio”.

De esa manera, los uniformados no podrán ingresar a las viviendas o a cualquier bien inmueble sin una orden previa de un juez de garantías. Sin embargo, si el dueño de la vivienda no accede a desactivar el ruido cuando la Policía le llame la atención, podrán imponerle comparendos de hasta16 salarios mínimos, es decir más de 13 millones de pesos.

Finalmente la Corte Constitucional aclaró que en caso de que el ruido sea ocasionado por una empresa en horarios no permitidos, los uniformados podrán ingresar sin autorización judicial para apagar la fuente de ruido.

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