¿Es viable la constituyente que propone el Centro Democrático?
Luego de la orden de detención domiciliaria contra el senador Álvaro Uribe, investigado por un presunto soborno de testigos, su partido político, el Centro Democrático, expresó su indignación por la medida y anunció que impulsará una Asamblea Constituyente para reformar la justicia.
A través de un comunicado manifestó el partido que ninguna de las actuaciones del expresidente Uribe justifica la decisión del alto tribunal, y que “debe defenderse en libertad. (...) Y continuaremos defendiendo su causa con decisión, de cara al país y con la absoluta seguridad de su inocencia”.
Por último, el comunicado describe: “Se propone plantear a los colombianos una Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones de la República”.
Pero, ¿es viable una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución Política actual? El abogado constitucionalista Javier Rincón hizo un análisis en el programa Señal de la Mañana, de Radio Nacional de Colombia.
¿Cree que esta propuesta de una constituyente es viable y si el presidente Iván Duque podría acompañarla?
JR: Yo empezaría por decir que no creo que el presidente acompañaría esta propuesta por una razón que creo que es bastante simple, y es que pareciera que el objetivo que se busca con esta Asamblea Nacional Constituyente, más que una reforma a la justicia, yo lo llamaría es ‘refundar la justicia’.
Es decir, buscar a través de una Asamblea Constituyente revocar los órganos judiciales, en particular, quienes están ocupando los cargos de magistrados de las altas cortes para, a través de un nuevo procedimiento, nombrar nuevos magistrados de las altas cortes. O sea, la lógica sería un poco como lo que sucedió en el 91, pero frente al congreso de la República, en el sentido de que se consideraba que el congreso estaba tan contaminado por diferentes temas que la única manera de reformarlo era cerrándolo y convocando a nuevas elecciones.
Lo que se está argumentando desde el centro democrático es que esa decisión que se produjo ayer tiene que ver más con un tema político que con un tema jurídico. ¿Cuál es su lectura de estos hechos?
JR: Pues yo creo que puede ser; es decir, creo que en este momento la Corte Suprema de Justicia está frente a una situación muy compleja, porque es a ella a la que le corresponde demostrar a través del contenido de su fallo, que no conocemos, que su actuación fue realmente apegada al derecho y no una actuación de carácter político, teniendo en cuenta, sobre todo, que la libertad es el principio y el derecho general. De manera que ya la corte constitucional en repetidas ocasiones ha considerado que una medida de aseguramiento privativa de la libertad, aún domiciliaria, es la excepción y no la regla general.
Entonces, creo que tendrá la Corte que demostrar con mucha claridad, que efectivamente se encontraban los elementos jurídicos legales para poder proferir esa decisión. Sin embargo, en este momento lo único que tenemos es el comunicado, bastante escueto, que prefirió la propia sala de la Corte manifestando que se había proferido la medida de aseguramiento. En consecuencia, habrá que esperar a conocer el contenido para saber, o poder evaluar, si la decisión fue realmente política o se circunscribe dentro del más estricto marco del derecho.
¿Esta propuesta de la Asamblea Constituyente no busca politizar el momento que vive el país?
JR: Yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Una decisión de una alta corte sobre un expresidente de la República, sin importar las condiciones, el caso y demás, es imposible que no tenga un carácter político, porque sus efectos van a ser o tener necesariamente una incidencia en el campo político. Ahora, creo que la labor del Congreso es precisamente hacer política, lo que debemos mirar es la politización, pensaría yo, no desde las perspectivas de las reacciones que puedan tener los diferentes partidos, sino desde la perspectiva del contenido de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Porque sí creo que estamos frente a un momento muy importante, en donde debates relacionados con la manera en cómo los colombianos tenemos que defendernos frente al derecho de la libertad, es tremendamente importante en este momento. Creo que es realmente la gran discusión, ¿cuál es el límite o criterio que los jueces en general están utilizando para determinar si una persona debe defenderse en libertad o debe defenderse privado de esa libertad?
Pero la politización creo que pensar que se puede evitar es un imposible. Insisto, porque una decisión sobre una persona de la estatura de un expresidente de la República necesariamente va a tener incidencias políticas. Y esperar que los políticos en general no se pronuncien al respecto es casi absurdo.
¿Qué podría funcionar más inicialmente en la defensa de Álvaro Uribe, la apelación o una acción de tutela?
JR: Yo creo que tiene que ser la apelación. Porque mientras no se hayan agotado los recursos y mientras no se demuestre que se han utilizado los recursos establecidos en la ley, pues la tutela no procederá. Porque la tutela es un mecanismo subsidiario, y en este caso, pensaría yo, que el juez constitucional, específicamente el juez de tutela, la negaría por improcedente por no haberse impuesto los recursos que se tiene a la mano. Y no veo dónde pueda estar, evidentemente, el perjuicio irremediable que llevaría a que la tutela fuera improcedente sin haber antes interpuesto la apelación.
