El trabajo de la fuerza pública evitó que estos elementos se activaran de forma descontrolada, afectando a la población civil y la movilidad por este sector.
El argumento principal expuesto por la Procuraduría es que no hay reglamentación clara para el evento, lo que pone en riesgo la integridad de los animales.
En total, esperan atender a 2.500 personas de los pueblos indígenas que habitan en zonas apartadas de Risaralda, entre las que se encuentran Kemberdé, Chifa, Dokabú y más.
Los funcionarios deberán precisar si el lugar presenta deterioro en su estructura y si la administración municipal está llevando a cabo o tiene planeado realizar labores de mantenimiento en dicho escenario.
