Emergencia económica del Gobierno tiene respaldo constitucional, aseguran expertos
Con respecto a este planteamiento, el presidente Gustavo Petro respondió con firmeza a la iniciativa del expresidente Álvaro Uribe, asegurando que el país atraviesa una fase de deuda insostenible y responsabilizando a gobiernos anteriores de favorecer a una minoría económica en detrimento de la estabilidad fiscal del país.
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El mandatario afirmó que sectores privilegiados de la población se han beneficiado históricamente de subsidios financiados con deuda pública, lo que, según dijo, disparó el déficit fiscal y comprometió el futuro económico de la Nación.
Sobre la viabilidad jurídica de la tutela, el presidente del Colegio de Abogados, Francisco Bernate, explicó que este recurso no es el mecanismo adecuado para cuestionar un decreto expedido en estado de excepción. Señaló que el control de constitucionalidad es automático y corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional, una vez finalice la vacancia judicial.
Bernate recalcó que los jueces no pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de estos decretos y llamó a respetar el funcionamiento institucional y las reglas del ordenamiento jurídico.
Por su parte, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, defendió la medida y aseguró que la emergencia económica es constitucional, necesaria e inaplazable, especialmente para atender sectores críticos y proteger a las poblaciones más vulnerables del país. Según el funcionario, el Gobierno cuenta con los argumentos jurídicos suficientes para sostener la legalidad del decreto.
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De esta manera, el Gobierno nacional insiste en que la emergencia económica es una herramienta legítima para enfrentar la crisis, mientras juristas recuerdan que será la Corte Constitucional la encargada de definir su validez final.