Tras una denuncia de Lafaurie, la SAE pide a campesinos "no dejarse manipular"
Este sábado, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) respondió a una denuncia hecha por el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, quien aseveró que varias personas están tomando "posesión ilegal de fincas" presuntamente en nombre de la SAE.
El llamado de atención de Lafaurie, quien fue nombrado por el Gobierno en la Mesa de Diálogos con el Eln, llegó el 27 de diciembre. Según él, las personas que están invadiendo predios "afirman tener listados suministrados por funcionarios de la SAE", por lo que pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar.
La intención del presidente de Fedegán, quien también aseguró que los excombatientes Pablo Catatumbo y Julián Gallo promueven por redes sociales el ingreso forzado de reclamantes de tierras a predios en Bolívar, es que las autoridades indaguen si miembros de la SAE están filtrando información a campesinos.
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La Sociedad, que administra bienes y recursos que el Estado les decomisa a delincuentes, contestó que "ni comunidades campesinas ni las brigadas solidarias ganaderas ni los procesados pueden ingresar a los predios de la SAE sin autorización". Asimismo, declaró que su trabajo es "honesto".
"La SAE seguirá insistiendo en un trabajo honesto y comprometido aplicando todas las herramientas legales disponibles para democratizar el acceso a los activos bajo su administración", manifestó en un comunicado la entidad gubernamental presidida por José Daniel Rojas Medellín.
Rojas, precisamente, pidió a los campesinos reclamantes de tierra "no dejarse manipular por invasores". "Todos los procesos de ocupación de fincas los hemos tramitado pacíficamente mediante el diálogo", apuntó el presidente del órgano que aclaró que las solicitudes de tierras se tramitan con la Agencia Nacional de Tierras.
La Sociedad de Activos, además, pidió a la Policía seguir trabajando en la identificación de "terceros no autorizados por la SAE que ingresen a los predios" y de "los procesados que sin autorización judicial pretendan acceder a los inmuebles". La entidad dijo estar comprometida a mantener el diálogo con las comunidades reclamantes.
