Caso Odebrecht: Gobierno colombiano pide a Estados Unidos entregar documentos sobre el “Funcionario 3”
En medio del nuevo impulso que el Gobierno ha dado a las investigaciones por corrupción, la Casa de Nariño puso en el centro del debate un nombre que aún no existe públicamente, pero que podría redefinir el alcance del caso Odebrecht en Colombia. Se trata del enigmático “Funcionario Colombiano 3”, una figura mencionada en expedientes judiciales de Estados Unidos y cuya identificación se ha convertido en una prioridad para la administración del presidente Petro, que busca despejar las zonas grises que han permanecido intactas durante casi una década.
La solicitud, liderada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, fue enviada formalmente a la fiscal general estadounidense, Pamela Jo Bondi, y al juez George L. Russell III, con el propósito de que Washington entregue el nombre y los soportes documentales que dieron origen a esta identificación reservada.
¿Por qué el Gobierno pidió a EE. UU. revelar la identidad?
En la misiva, Idárraga señala que para Colombia es crucial conocer quién es el funcionario oculto bajo el rótulo de “Funcionario Colombiano 3”, pues el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA) firmado en 2023 confirma que las autoridades estadounidenses ya establecieron su identidad.
El Ministerio enfatizó que contar con estos documentos es determinante para avanzar en las investigaciones sobre el ingreso irregular de fondos a la campaña presidencial de 2014 y para robustecer los procesos relacionados con la adjudicación de la Ruta del Sol, catalogada como una de las obras más estratégicas del país.
He solicitado a la señora Pamela Jo Bondi Fiscal General de los estados Unidos de América y al señor George L . Russell, Juez Jefe de la Corte para el Distrito de Maryland, informe a Colombia a través del Ministerio de Justicia, quién es el funcionario #3 en el caso impune de… pic.twitter.com/PcSQ2zr0PG
— Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) December 4, 2025
¿Qué reveló el DPA sobre el “Funcionario Colombiano 3”?
El DPA —suscrito entre Corficolombiana, Grupo Aval y el Departamento de Justicia de Estados Unidos— detalló que más de 11 millones de dólares en sobornos fueron distribuidos para asegurar contratos de infraestructura en Colombia. Dentro de esa estructura criminal aparece un alto funcionario público, siempre referido como “Funcionario Colombiano 3”, que habría ejercido su cargo entre 2010 y 2018.
Este periodo coincide con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y ha generado fuerte interés político, pues la documentación estadounidense indica que este funcionario habría tenido un rol decisivo en la red de pagos ilícitos que favoreció la adjudicación de la Ruta del Sol.
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La petición no se limita al nombre del funcionario. También exige “los soportes documentales” que permitieron a la justicia norteamericana identificarlo, con el fin de trasladar esta información a la Fiscalía General de la Nación y usarla en los procesos penales abiertos en el país.
Para el Ministerio de Justicia, este paso es indispensable para avanzar en la recuperación de recursos públicos desviados y para depurar las responsabilidades dentro del esquema de corrupción, que ya ha salpicado a figuras como Gabriel García Morales, Otto Bula y altos directivos de Episol y Corficolombiana.
De acuerdo con el Gobierno, la cooperación internacional se mantiene como una herramienta central en la lucha contra la corrupción. La administración del presidente Petro seguirá a la espera de la respuesta oficial de Washington, mientras el Ministerio de Justicia insiste en que la individualización del “Funcionario Colombiano 3” es un paso determinante para cerrar uno de los capítulos más opacos del caso Odebrecht.
El Ejecutivo sostiene que identificar plenamente al funcionario permitirá fortalecer la transparencia en la contratación pública y reforzar los mecanismos de control en futuros proyectos de infraestructura, una de las prioridades de la política nacional en los últimos años.