La Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el ‘Proyecto de Ley N° 579 de 2025 Cámara – 156 de 2024 Senado’, que busca la adopción de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989. La votación final registró 94 votos a favor y 17 en contra, y ahora el proyecto pasa a sanción presidencial para convertirse en Ley de la República.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, celebró la aprobación y destacó que la norma protege a la Fuerza Pública y no restringe a los retirados que deseen ofrecer servicios médicos, de vigilancia o asesoría. “Esta decisión repercute no solamente en nuestra nación, sino en el impacto que tiene a nivel global (…) Está enfocada únicamente en aquellos que participan directamente en hostilidades”, aseguró.
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El camino legislativo para esta decisión fue extenso y detallado. Incluyó mesas técnicas con expertos, audiencias públicas con la ciudadanía y la población de veteranos, análisis de conceptos técnicos y la emisión de un mensaje de urgencia por parte del presidente Gustavo Petro a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, para acelerar la aprobación del proyecto.
Con la adopción de esta Convención, Colombia se unirá a los 41 Estados que ya han ratificado este instrumento internacional. La ley permitirá fortalecer la seguridad nacional, desestimular el reclutamiento de mercenarios en el territorio colombiano y facilitar la cooperación internacional para investigar y sancionar conductas vinculadas al mercenarismo.
La aprobación también protege la reputación de los miembros retirados de la Fuerza Pública, evitando que sean involucrados en conflictos armados o actividades ilícitas en el extranjero. Según el Mindefensa, la norma refuerza la imagen de los militares colombianos y envía un mensaje global sobre el compromiso absoluto del Estado con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
El proyecto de ley, además, genera un marco legal robusto que permitirá a Colombia intervenir de manera efectiva ante cualquier intento de mercenarismo, asegurando que la participación de los ciudadanos en conflictos armados sea regulada y sancionada conforme a los estándares internacionales, fortaleciendo así la protección de la sociedad y la seguridad nacional.