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Confrontación entre Fuerza Pública y comunidades por cultivos de uso ilícito en Putumayo

Los voceros de las organizaciones sociales piden que se instale pronto un plan de acción desde el Gobierno Nacional.

Durante el último mes, se han registrado siete hechos de confrontaciones entre la Fuerza Pública y comunidades campesinas e indígenas, en cuatro municipios del Putumayo. El último caso se registró en un cabildo de la Vereda Llano Verde del Valle del Guamuéz, donde resultó herido un comunero y debió ser remitido al hospital de Puerto Asís.

Los voceros de las organizaciones sociales piden que se instale pronto un plan de acción desde el Gobierno Nacional, “para avanzar en la ejecución de recursos para el sector rural, que está estancado desde el inicio del año”, dice Yuri Quintero, vocera de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos.

La situación ha sido repetitiva en el caso del municipio de Orito, allí algunos casos fueron denunciados por el personero Felipe Buchelly, quien señaló que resultaron afectados adultos y niños y fueron llevados al hospital, luego del desembarco de tropas de la Fuerza Pública, Policía Antinarcóticos y Antidisturbios, que aterrizan en predios de los resguardos, donde se da la confrontación porque no se acepta la erradicación forzada de cultivos de coca.

También se han registrado hechos similares en Villagarzón y Puerto Asís, donde un menor de 12 años fue impactado en su rostro y debió ser remitido a la ciudad de Pasto, para realizarle cirugías reconstructivas. La constante ha sido en predios de cabildos y resguardos. Incluso, las discusiones con las comunidades se originan porque no cuentan con documentos legales aparentemente.

Quintero sostuvo que este es un “escenario sistemático”, donde se pretende inicialmente el diálogo, pero aseguro que el mensaje final es la agresión contra las comunidades y el uso desmedido de la fuerza.

La Procuraduría y la Defensoría Regional del Putumayo fueron informadas de este tipo de acciones, según expuso la líder social.

La realidad es que las afectaciones contra la población rural, más allá de considerar la realidad de los cultivos ilícitos y lo que eso representa, es que son en su mayoría familias que no quedaron incluidas en el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos PNIS y ahora se buscan mecanismos para incorporarlos.

Para Yuri Quintero, el escenario seguirá siendo el mismo, “porque el método seguirá siendo el mismo y las comunidades van a reaccionar hasta llegar a la confrontación, por la defensa de sus predios y territorios”.

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