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Joven domiciliario respondió tras ser víctima de agresión verbal y clasismo en el norte de Bogotá

El joven domiciliario relató cómo un pedido terminó en insultos y humillaciones, reabriendo el debate sobre clasismo y dignidad laboral en Colombia.
Lina Marcela Pérez

El reciente caso del domiciliario insultado en el norte de Bogotá volvió a instalar en la agenda pública una discusión recurrente en Colombia: el clasismo, la discriminación cotidiana y el trato a los trabajadores de plataformas digitales. El episodio, registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales, tiene como protagonista a Julián Jiménez, un joven repartidor quien ya salió a dar su versión de la historia mediante redes sociales, además  denunció haber sido víctima de agresión verbal y humillación pública por parte de una mujer identificada como Liliana.

Según el relato del propio Julián Jiménez, todo inició como una entrega habitual. Al llegar al punto indicado, el joven notó que el lugar no contaba con portería, por lo que procedió a llamar al número consignado en la factura del pedido.

Al saludar de manera informal y preguntar por la persona registrada, comenzó a recibir respuestas agresivas. “Desde la primera llamada hubo insultos y exigencias sobre cómo debía dirigirme a ella”, explicó el domiciliario, quien aseguró que nunca imaginó que la situación escalaría.

La tensión aumentó cuando la mujer descendió al lugar de entrega. De acuerdo con el testimonio del joven, los insultos continuaron en el espacio público, pese a que otra persona que la acompañaba intentó mediar, pagar el pedido y ofrecer disculpas.

En el video viral se observa a la mujer increpando al repartidor, insistiendo en su condición de “doctora” y exigiéndole que se retirara del lugar. Incluso, se registran actos de intimidación física, como patadas dirigidas a la motocicleta del joven, sin que mediara una provocación evidente.


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Julián explicó que el malestar de la mujer también estuvo relacionado con una demora aproximada de 10 minutos, atribuida al tráfico de Bogotá, una situación frecuente en la ciudad.

“En Bogotá, diez minutos fácilmente se convierten en veinte. Aun así, la molestia principal era que no la llamara como ella quería”, señaló. El joven también aclaró que los domiciliarios no pueden ingresar a conjuntos residenciales ni dejar sus vehículos lejos, debido a riesgos de robos e inseguridad, una realidad poco comprendida por muchos usuarios.

Tras la difusión masiva del caso, el repartidor decidió ampliar su testimonio y revelar un aspecto clave de su historia personal: su condición de estudiante universitario.

Julián cursa décimo semestre de Licenciatura en Diseño Tecnológico y trabaja como domiciliario para financiar sus estudios. “En menos de un año seré educador”, afirmó, desafiando los estigmas sociales que suelen recaer sobre quienes desempeñan este tipo de trabajos.

Este componente del relato generó una nueva ola de respaldo ciudadano, centrada no solo en el hecho puntual, sino en la dignidad del trabajo y el respeto a quienes sostienen la economía urbana desde oficios precarizados.

El episodio reavivó una discusión estructural sobre el clasismo normalizado, el uso del lenguaje como forma de violencia y la persistente desigualdad simbólica en Colombia. Para múltiples sectores, se trata de una expresión cotidiana de discriminación que rara vez enfrenta consecuencias.

Aunque el joven no ha confirmado acciones legales, especialistas recuerdan que la Ley 1010 de 2006 contempla sanciones frente a conductas injuriosas o humillantes que vulneren la dignidad de una persona, incluso cuando ocurren fuera de una relación laboral directa.

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