La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el Gobierno no ahorra esfuerzos para frenar la violencia contra los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. Señaló que también se trabaja por lograr mejores condiciones de seguridad, porque tiene claro que los enemigos para su protección son los grupos armados organizados (GAO) y los grupos delincuenciales organizados (GDO) en su accionar criminal, relacionado con las actividades de narcotráfico y extracción ilícita de minerales.
Luego de que la organización Human Rigths Watch, en su más reciente informe asegurara que el Gobierno colombiano reaccionó de forma "lenta y deficiente" ante los más de 400 asesinatos de defensores de derechos humanos que han tenido lugar desde la firma de la paz, en noviembre de 2016, la alta funcionaria destacó los resultados contundentes contra estas estructuras criminales, que son las principales causantes de violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos.
“Durante 2020, fueron capturados 14 y abatidos tres de los 31 delincuentes relacionados en el ‘Cartel de los más buscados por homicidios a líderes y defensores de derechos humanos’ del Ministerio de Defensa, logrando una efectividad del 54,8%”, sostuvo.
De igual manera, resaltó la labor de la Fiscalía con el esclarecimiento del 63,5% de los homicidios y la creación de 11 juzgados penales especializados en este tipo de delitos, que le permitirá al país garantizar una justicia efectiva y oportuna.
“Para el Gobierno del presidente Iván Duque, la muerte de un líder social, comunal o defensor de derechos humanos causa dolor, indignación y rechazo total. Por eso, el avance en esclarecimiento de homicidios y el desmantelamiento de las estructuras criminales tiene un efecto de no repetición y por tanto la aplicación de justicia se convierte en la garantía para el ejercicio del liderazgo y de defensa de los DDHH”, aseguró la consejera.
Según Gutiérrez, “como respuesta integral del Gobierno, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la estrategia Zonas Futuro resultan ser claves para el respeto y protección de los líderes sociales, dado que sin ello las cifras de homicidios hubiesen sido un 27% mayores, según estimaciones del Sistema Nacional de Información en DD.HH.”.