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General (r) Mario Montoya será imputado por 104 falsos positivos

Según la investigación, Montoya es señalado de 104 homicidios de civiles, entre ellos cinco menores de edad.
Foto: archivo Colprensa

La Fiscalía General de la Nación imputará al general (r) Mario Montoya, por el delito de homicidio agravado, ya que entre 2007 y 2008 cuando se desempeñó como comandante del Ejército, habría presionado a los cadetes para que reportaran muertes en combate para obtener reconocimientos de sus superiores.

Según la investigación, Montoya es señalado de 104 homicidios de civiles, entre ellos cinco menores de edad, a los que algunos militares hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate.

“Las bajas no son lo más importante, son lo único”, estableció Montoya en una directiva en 2006, tras ser nombrado como comandante del Ejército Nacional.

Aunque la defensa del general aseguró que el caso no lo puede llevar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía, pues el ente investigador perdió la competencia, el abogado de las víctimas, Sebastián Escobar, aseguró que el ente acusador puede adelantar las investigaciones e imputaciones como planeaba hacer desde 2016, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes.

“La Fiscalía General tiene un papel complementario en la justicia transicional en el país, con el curso de sus investigaciones puede contribuir a un mejor trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. De esta manera investigaciones adelantadas, perfeccionadas, con buenos elementos de prueba que sean incontrastables a la hora de probar la participación de comparecientes forzosos en conductas criminales, creemos que pueden ser útiles para la Jurisdicción en su fase de esclarecimiento”, explicó Escobar.

Otro de los motivos para imputar a Montoya es que el general retirado habría organizado un ranking de resultados por la cantidad de muertes reportadas en combate y, además, habría destruido pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales.

Cabe recordar que en la JEP Montoya ha negado cualquier responsabilidad en las ejecuciones, por lo que el 30 de septiembre de 2020 las víctimas le pidieron a la JEP expulsarlo de la jurisdicción, solicitud que fue negada.

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