Gobierno nombra a Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Cielo Rusinque como nueva superintendente de Industria y Comercio, mediante el Decreto 0361 del 1 de abril de 2026, en el que también se da por terminado el encargo que venía desempeñando otro funcionario en ese cargo.

La decisión se produce luego de que el Consejo de Estado anulara el nombramiento de Rusinque porque, presuntamente, “no satisfacía los requisitos requeridos para realizar las tareas en esa organización”.

También le puede interesar: “Lo cuestionable es que las instituciones judiciales se transformen en armas políticas”: Rusinque rechaza fallo que anuló su nombramiento en la SIC

Con esta nueva designación, el Ejecutivo restituye a la funcionaria en la dirección de la entidad encargada de la protección de la competencia, los consumidores y los datos personales en el país.

De acuerdo con el documento oficial, el nombramiento se realiza bajo las facultades constitucionales del presidente de la República y en concordancia con normas de función pública que regulan este tipo de designaciones.

Además, la decisión está dentro de las excepciones contempladas en la Ley de Garantías, que permite cubrir vacantes cuando estas resultan indispensables para el funcionamiento del Estado.

En ese sentido, el decreto argumenta que la provisión del cargo era necesaria tras la renuncia, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y el correcto funcionamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Asimismo, el documento establece la terminación del encargo que había sido asignado previamente a Diego Andrés Solano Osorio, quien ocupaba temporalmente el cargo mientras se definía la designación en propiedad.

También puede leer: Diego Andrés Solano Osorio, nuevo superintendente encargado de Industria y Comercio

El Gobierno reiteró que este tipo de nombramientos son procedentes incluso en periodos electorales, siempre que respondan a situaciones como renuncias y sean necesarios para asegurar la operatividad de las entidades públicas, tal como lo han señalado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en distintos pronunciamientos.