HRW denunció lenta reacción del Gobierno Nacional al asesinato de líderes sociales
Así lo dio a conocer el organismo, en el informe ‘Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia’, asegurando que el gobierno colombiano reaccionó de forma lenta y deficiente ante los más de 400 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos desde el año 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz.
“En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina; mientras tanto, la respuesta del Gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
De igual forma, la organización afirmó que, aunque han sido grandes los esfuerzos desde el Gobierno nacional y la Unidad Nacional de Protección, no se ha logrado proteger a los líderes y lideresas en las regiones de Colombia.
“A través de la UNP, las autoridades han hecho grandes esfuerzos para otorgar medidas de protección individuales a cientos de defensores de derechos humanos, que incluyen la provisión de teléfonos celulares, vehículos y chalecos antibala o la asignación de escoltas. Sin embargo, la UNP solo ofrece esquemas de protección individual en respuesta a denuncias de amenazas y muchos líderes asesinados no habían recibido amenazas o no habían podido denunciarlas ante fiscales, tal como exige la legislación colombiana”, detalla el informe.
En cuanto a las cifras, el documento resalta un incremento de asesinatos a los defensores y defensoras de derechos humanos de más del 30 por ciento en los últimos cinco años.
“La Oficina del ACNUDH ha documentado un número creciente de estos asesinatos, que pasaron de 41 en 2015 a 108 en 2019. La oficina ha documentado 53 casos ocurridos en 2020 hasta el momento, y sigue trabajando en la verificación de otros 80 casos. Al menos 49 defensoras de derechos humanos han sido asesinadas desde 2016”, dice el informe de HRW.
Finalmente, el organismo que las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo no han sido tomadas en serio frente a la gravedad de los hechos, señalando que las autoridades locales y nacionales no han dispuesto acciones apropiadas para proteger a la población.
