Los esfuerzos de las autoridades colombianas para asistir a las personas que se encuentran en situación de desplazamiento en los departamentos fronterizos de Arauca y Vichada –debido a los abusos cometidos por grupos armados colombianos y fuerzas de seguridad de Venezuela en el estado Apure -- han sido insuficientes y no exentos de discriminación contra la población indígena.

Discriminación a los indígenas

Hay discriminación muy grave a la población indígena que está desplazada en la zona. Funcionarios en Puerto Carreño y Vichada hacen comentarios discriminatorios. Por ejemplo: “los indígenas arruinan el paisaje” y “no son las mejoras personas” que llegan al territorio.

Las autoridades departamentales y municipales están más interesadas en invisibilizar la grave situación humanitaria que en ayudar a las personas desplazadas.

Desidia de las autoridades

Cuando lo que corresponde es declarar el estado de calamidad pública en Puerto Carreño para facilitar la transferencia de los fondos que hacen falta para asistirlas, sorprende la inacción del Alcalde quien hasta el pasado cuatro de abril –cuando entrevistamos a Pappier– no había firmado un proyecto de asistencia elaborado por las agencias humanitarias a comienzos de febrero.

El plan de asistencia humanitaria fue presentado para atender a 1.800 familias que llegaron a Vichada en situación de desplazamiento forzado, en enero, cuando recrudecieron los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el llamado ‘Comando Conjunto de Oriente’ –una coalición de grupos disidentes de las antiguas Farc-Ep, que desconoce los Acuerdos de Paz de 2016–.

En algunos casos ha existido complicidad de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela con el ELN que le disputa al Comando Conjunto de Oriente el control territorial en el estado Apure. Este Comando está integrado por el frente décimo, en el norte de Arauca y en Apure; el veintiocho, en Casanare; y el cuarenta y cinco, en el norte de Arauca y algunas áreas de Norte de Santander. El Comando estaría coordinado por alias Gentil Duarte, quien lidera otras disidencias en Cauca y Nariño.

A la actitud del Alcalde frente al plan de asistencia humanitaria se suma lo dicho por el Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien declaró al diario El Tiempo que no tenía información sobre una situación humanitaria compleja en Vichada, siendo que las 1.800 familias se encuentran desplazadas desde enero y su situación ha sido reportada reiteradamente por las agencias humanitarias.

Para HRW no tiene presentación que el Ministro se haga el desentendido y no conozca el dolor que están pasando estas familias. El abandono tiene a muchos niños en riesgo de desnutrición y de apatridia. La situación de desplazamiento y confinamiento, tanto en Arauca como en Vichada –especialmente en este último– es extremadamente dolorosa: escasean los alimentos y el agua potable, hay familias indígenas viviendo bajo lonas de plástico a la vera del río Meta, completamente abandonadas y sin ningún tipo de apoyo.

Disputa por el territorio y la población

Con base en su más reciente visita de campo (febrero), entrevistas telefónicas a cien personas (cuarenta y tres de las cuales huyeron de Apure) y consultas con funcionarios judiciales, autoridades colombianas y organizaciones humanitarias y de derechos humanos, HRW verificó que tanto el ELN como el Comando Conjunto controlan territorios y comunidades, tanto en Apure como en Arauca.

La tolerancia de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y de la Guardia Nacional Bolivariana con el ELN ha llegado a otro nivel: realizan operaciones conjuntas y llegan de la mano a las comunidades de Apure. En esas operaciones, ELN realiza el trabajo sucio, es decir, reclutamiento de menores, homicidios, desapariciones, secuestros, amenazas, extorsiones y cobros de tributos a quien ejerza cualquier tipo de actividad económica –vendedor en la calle, contratista de obra pública o traficante del oro proveniente del Arco Minero venezolano–.

Los abusos

Hasta el cierre de marzo, HRW tenía el registro de 130 homicidios en los tres primeros meses de 2021. La cifra es superior a la de cualquier año desde 2010, con base en la información disponible para hacer comparaciones.

La cifra muestra el impacto de la disputa armada por el territorio y la población, en la que tanto el ELN como el Comando Conjunto de Oriente acusan a los civiles de complicidad, connivencia o vínculos con el grupo contrario. Llegan a las comunidades buscando a las personas con nombre propio. Se las llevan amarradas de pies y manos y las desaparecen o las ejecutan a plena luz del día, como ocurrió con Álvaro Peña, a quien asesinaron en Arauca. Dos días después, en el funeral, dos hombres armados asesinaron a su mujer.

En cuenta al reclutamiento está claro que los grupos armados están empeñados en fortalecer sus tropas. Llegan a las comunidades diciendo que necesitan niños y jóvenes para luchar contra el bando contrario. Quienes no se someten son amenazados, chantajeados o llevados a la fuerza mientras apuntan con las armas a sus familiares diciéndoles: “éste niño, se viene con nosotros”.

Varios niños han muerto en combate. Sus familiares han ido a buscar sus cuerpos en zonas apartadas, tanto en Arauca como en Apure. Varias familias han relatado que durante la búsqueda de sus seres queridos han encontrado más cadáveres.

La política colombiana de seguridad

Con base en la evidencia, HRW concluye que la población civil en Arauca y Vichada está siendo víctima de tres factores: la brutalidad de los grupos armados, la complicidad de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela y la ineficacia de la seguridad colombiana.

Cada vez que hay una situación grave de alteración del orden público y una situación humanitaria como la que se está viviendo en Arauca y Vichada, la reacción del presidente Iván Duque ha sido casi impulsiva y automática: aumentar el pie de fuerza, enviar más soldados.

HRW no se opone al fortalecimiento del pie de fuerza porque reconoce la existencia de un conflicto armado complejo. Se trata de que ese esfuerzo de tipo militar, esté acompañado de políticas integrales para aumentar la presencia de las autoridades civiles.

Lo que HRW ha constatado es que las tropas se dedican principalmente a capturar o a dar de baja a los cabecillas de los grupos armados. Es importante combatir y arrestar a los cabecillas y llevarlos ante la justicia; pero no es suficiente.

Lo principal debería ser la protección a la población civil. Cuando llega más Fuerza Pública y captura a algún cabecilla, los grupos se reciclan. Siempre hay alguien con quien reemplazarlos fácilmente y por eso la violencia continúa. Hay casos en los cuales, tras la captura de un cabecilla, el grupo se divide y deriva en choques internos.

La elección de un nuevo presidente en Colombia es una buena oportunidad para repensar la política de seguridad. Por un lado, pensando en desmantelar efectivamente a los grupos y no simplemente en descabezarlos; se desmantelan enfrentando sus economías ilícitas, el lavado de dinero y la corrupción que les permite prosperar. Y, por otro lado, haciendo más esfuerzos para proteger a la población civil.

Encuentra aquí la entrevista completa.