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Estado evitó billonaria indemnización tras fallo del Consejo de Estado sobre demanda por desplazamiento en el Meta

El alto tribunal confirmó que no existía vínculo entre los demandantes y el conflicto armado, evitando una indemnización por más de 5.000 billones de pesos contra el Estado colombiano.
Consejo de Estado niega millonaria demanda por desplazamiento forzado en el Meta
Ministerio de Defensa
Radio Nacional de Colombia

El Consejo de Estado ratificó un fallo que negó una millonaria demanda contra varias entidades del Gobierno, al determinar que no existía un vínculo comprobado entre los hechos de desplazamiento forzado alegados por los demandantes y las actuaciones del Estado colombiano.

La acción de grupo había sido presentada por Jorge de Jesús Morales Rodríguez y otros ciudadanos, quienes aseguraban haber sido víctimas del conflicto armado entre 1984 y 2015 en el departamento del Meta. En su solicitud, exigían una indemnización colectiva por perjuicios materiales, morales y extrapatrimoniales que ascendía a 5.275 billones de pesos, y señalaban como responsables al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ejército, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad para las Víctimas.


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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) asumió la representación y logró demostrar que la demanda no cumplía con los requisitos legales para proceder como acción de grupo, ya que no existía un conjunto de condiciones uniformes entre los supuestos afectados ni un nexo causal común frente a los hechos denunciados.

Según la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el proceso no podía prosperar porque se intentaba incluir en la acción a todos los desplazados del país, lo que impedía identificar un grupo concreto de afectados.

El alto tribunal confirmó así la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en primera instancia había rechazado las pretensiones de los demandantes. Con este fallo, se evitó una condena sin sustento jurídico y se protegieron los recursos públicos de una posible indemnización billonaria.

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