Corte IDH condena a Colombia por el asesinato del líder Jesús Ramiro Zapata
La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un acto de justicia para Antioquia y un reconocimiento al valor civil de quienes defienden la vida en el territorio. El fallo expone que el silencio y la falta de garantías no pueden ser la respuesta del Estado ante denuncias de connivencia con grupos ilegales. Reivindicar el nombre de Jesús Ramiro Zapata es importante para la sociedad civil; marca el fin de una era donde la defensa de los derechos humanos en este departamento estuvo marcada por el hostigamiento y la falta de garantías institucionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia que declara responsable a la República de Colombia por la violación de los derechos de Jesús Ramiro Zapata, asesinado el 3 de mayo de 2000 en Segovia. El tribunal determinó que el Estado falló en su deber de proteger al docente, a pesar de conocer el riesgo que corría por denunciar nexos entre agentes oficiales y paramilitares.
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El presidente de la Corte, Rodrigo Mudrovitsch, detalló que Zapata fue víctima de una serie de actos de hostigamiento y criminalización sistemática antes de su ejecución. La sentencia acredita que el líder fue sometido a labores de inteligencia ilegal y detenciones arbitrarias entre 1994 y 1997, situaciones que lo obligaron a desplazarse forzosamente.
Pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 1998, las autoridades no garantizaron su seguridad frente a las amenazas de las autodefensas de Fidel Castaño. El tribunal concluyó que la Fuerza Pública no solo omitió su deber de prevención, sino que contribuyó a la situación de vulnerabilidad que permitió su rapto y posterior asesinato en el paraje "Charco de las Brujas".
Finalmente, la Corte IDH encontró al Estado responsable por la falta de diligencia en la investigación judicial, la cual no vinculó el crimen con la labor de defensa de derechos humanos del docente. El fallo ordena reparaciones para sus familiares y exige que se reconozca públicamente que Zapata no era un peligro para la sociedad, sino un servidor de la verdad para su comunidad en Segovia.