La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al excanciller Álvaro Leyva Durán por el delito de prevaricato por acción, en el marco del proceso relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la elaboración de pasaportes.
De acuerdo con la decisión adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, el exministro habría intervenido de manera irregular al declarar desierto el proceso de licitación sin una justificación suficiente, pese a que existían elementos que permitían continuar con la adjudicación.
Durante la audiencia, se acreditó como víctima al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad directamente vinculada con el proceso contractual objeto de investigación.
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En el desarrollo de la audiencia, la Sala instó a la Fiscalía a que, en un plazo de tres días, materialice de manera completa el descubrimiento probatorio, incluyendo tanto los elementos que sustenten la acusación como aquellos que eventualmente favorezcan al procesado.
Finalmente, la Corte precisó que el proceso continuará con la audiencia preparatoria o probatoria, etapa clave en la que se definirán las pruebas que serán tenidas en cuenta dentro del juicio.
