FOMAG presenta denuncia ante la Fiscalía por presuntos pagos irregulares superiores a $83 mil millones entre 2024 y 2025
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos pagos irregulares relacionados con la prima de mitad de año para docentes, que entre 2024 y 2025 habrían alcanzado los $260.437 millones, equivalentes al 56,8% del total desembolsado en ese periodo. El anuncio fue realizado por el vicepresidente del fondo, Germán Bayona, durante el programa Noches de Opinión, conducido por el gerente de RTVC, Hollman Morris.
Según el análisis técnico, jurídico y financiero efectuado por la entidad, entre 2024 y 2025 se pagaron en total $458.799 millones, correspondientes a 42.400 desembolsos. Solo en 2024 se ejecutaron pagos por aproximadamente $165.504 millones. Dentro de ese universo, el FOMAG identificó inconsistencias que llevaron a la presentación de la denuncia penal.
Uno de los hallazgos más relevantes indica que 4.405 pagos fueron realizados a personas que ya contaban con sentencias judiciales ejecutoriadas que negaban el derecho a la prima, por un valor que supera los $83.082 millones. De acuerdo con el asesor jurídico del fondo, Salomón Figueroa, estos pagos se habrían efectuado pese a que existían decisiones definitivas que descartaban el reconocimiento del beneficio.
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El estudio también evidenció que muchos desembolsos no cumplían los requisitos fijados por la Ley 91 de 1989, particularmente en su artículo 15, que regula esta prestación destinada a docentes que no acceden a la llamada “pensión gracia”. Históricamente, la defensa judicial del FOMAG había logrado una tasa de éxito superior al 97%, lo que, según la entidad, refuerza las dudas sobre el cambio en la tendencia de pagos durante las vigencias analizadas.
La revisión interna estableció además que el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico que modificó la interpretación que venía aplicando la entidad sobre el reconocimiento de la prima, sin que existiera una reforma legal ni una sentencia de unificación que alterara la línea jurisprudencial consolidada. Este cambio de criterio habría incidido en la ampliación de pagos efectuados en ese año.
La denuncia también señala que algunos docentes recibieron recursos sin haberlos solicitado previamente, lo que generó consultas sobre su legalidad. En otros casos, profesores que habían perdido demandas afirmaron haber sido convocados para reclamar los dineros por intermediación del abogado Giovanni López Quintero, quien habría difundido la existencia de supuestos fallos judiciales que revertían decisiones anteriores, los cuales no fueron encontrados en los registros oficiales revisados por el FOMAG.
Adicionalmente, el equipo jurídico del fondo indicó que la difusión de la supuesta existencia de fallos favorables no solo se habría originado en la oficina de abogados involucrada, sino que también fue amplificada por publicaciones en medios de comunicación. Según lo expuesto, contenidos divulgados por Revista Semana e Infobae contribuyeron a consolidar la percepción de que existía una decisión judicial que cambiaba la jurisprudencia vigente, pese a que, de acuerdo con la revisión del FOMAG, dichos fallos no existían en las bases oficiales analizadas. Los denunciantes señalaron que, hasta el momento, no se ha explicado públicamente por qué se publicaron informaciones que, en su criterio, terminaron beneficiando la estrategia de cobro promovida por el abogado mencionado.
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El vicepresidente del FOMAG reiteró que la denuncia busca proteger los recursos públicos del magisterio y establecer si los hechos constituyen irregularidades administrativas o eventuales delitos contra la administración pública. La Fiscalía General de la Nación deberá determinar las responsabilidades correspondientes y definir eventuales medidas para la recuperación de los recursos comprometidos, mientras el fondo continúa la revisión de sus procesos para evitar nuevas inconsistencias en el reconocimiento de prestaciones al magisterio.
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