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Colombia fortalece alianzas con Estados Unidos para combatir el lavado de activos

Este memorando contará con diferentes herramientas para impactar a los grupos narcotraficantes que delinquen desde Colombia.
Foto: cortesía Fiscalía General de la Nación.
María Camila Idrobo

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, suscribieron un memorando de entendimiento con el que buscan fortalecer la investigación y judicialización del delito de lavado de activos.

Este memorando contará con diferentes herramientas para impactar a los grupos narcotraficantes que delinquen desde Colombia y según el fiscal Barbosa, permitirá "descifrar esquemas complejos de lavado de activos, incrementar las acciones con fines de extinción de dominio y conformar un grupo élite para perseguir las estructuras vinculadas al blanqueo de capitales".

Igualmente, el jefe del ente acusador agregó que gracias a esta cooperación en sus dos años en cabeza de la Fiscalía "he firmado 347 órdenes de captura con fines de extradición, capturado 274 individuos con fines de extradición y hemos entregado 301 extraditables con el propósito de comparecer ante la justicia de los Estados Unidos de América”, enfatizó.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, resaltó que con esta alianza se fortalece la política de la lucha contra el narcotráfico y la financiación del terrorismo, garantizando "una mayor seguridad a nuestros dos países”

“Este proyecto es el más ambicioso en temas de lavado de activos en la historia de la colaboración bilateral. Con el proyecto se pretende crear el plan de estudios de capacitación, así como conformar un equipo permanente para la investigación y juzgamiento de esquemas complejos de lavado de activos; así como la extinción del derecho de dominio”, explicó Goldberg.

Durante los dos últimos años, la Fiscalía General ha realizado imputaciones por el delito de lavado de activos por 12 billones de pesos y ha impuesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes que ascienden a 22 billones de pesos.

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