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Nación tendrá que pagar millonaria condena por masacre de Trujillo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que hubo participación de servidores públicos en torturas, desapariciones y ejecuciones.
Judicial
Foto: Alcaldía de Trujillo - Valle del Cauca.
Camila Idrobo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación, representada en el ministerio de Defensa y el Ejército, a pagar más de 3.800 millones de pesos por la masacre de Trujillo ocurrida entre 1986 y 1994 en Valle del Cauca.

Según la investigación, durante esos años, los habitantes de los municipios de Trujillo, Bolívar, Riofrio, Andinapolis, entre otros, fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y de una masacre continua por parte de los narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle. Estos crearon un grupo de autodefensa que se apoyaba con la policía de Trujillo en el Distrito de Tuluá y luego con miembros del Ejército, especialmente del Batallón Palacé de Buga.

Esta alianza entre los narcotraficantes y la Fuerza Pública se dio para eliminar a cualquier colaborador del Eln en esta región del país, así como a los “presuntos simpatizantes o personas vinculadas con la guerrilla o de quienes no se sometían a sus propósitos”, indicó el tribunal.

Estos hechos se conocieron por las denuncias de las víctimas y posteriormente por el testimonio de un informante del Ejército que a la vez era parte del grupo de autodefensa, quien después fue asesinado al demostrar que “el Estado Colombiano por la acción y omisión de sus agentes, quienes actuaron con narcotraficantes y paramilitares o autodefensas vulneraron a la comunidad”.

Durante los nueve años que duró la masacre, en total, 46 personas perdieron la vida tras sufrir diferentes maltratos y torturas por partes de las autodefensas y los militares, razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que los sucesos violentos de Trujillo, son crímenes de lesa humanidad e infracciones graves a los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Adicional a la condena por más de 3.800 millones de pesos, los familiares de las víctimas deberán ser reparados con más de 10 mil salarios mínimos por los daños morales que el Estado les ocasionó con la muerte y desaparición de sus seres queridos.

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