La Superintendencia Nacional de Salud anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), al considerar que habrían obstaculizado el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control al impedir la continuidad de una auditoría ordenada por la entidad.
Denuncia penal a directivos de la FLA por obstrucción a las tareas de auditoría ordenadas por la Superintendencia
1. La Superintendencia Nacional de Salud promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes…— Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) June 30, 2026
El anuncio fue realizado por el superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien calificó la situación como un hecho sin precedentes dentro de las actuaciones de la entidad.
SuperSalud afirma que la FLA impidió continuar la auditoría
Según informó la Superintendencia, el 26 de junio de 2026, a las 2:40 de la tarde, el equipo auditor se presentó en las instalaciones de la FLA para reanudar una diligencia de inspección previamente programada. Sin embargo, la entidad vigilada no permitió el desarrollo de la auditoría, lo que llevó a la Superintendencia a acudir a la vía penal.
En el comunicado, la entidad sostuvo que "ningún sujeto vigilado se había negado a permitir el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud", por lo que calificó lo ocurrido como un hecho sin precedentes.
Asimismo, recordó que atender los requerimientos de las autoridades y facilitar las labores de control es un deber legal para todos los sujetos vigilados y sus servidores públicos.
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La recusación ya había sido resuelta por el Ministerio de Salud
La Superintendencia explicó que la auditoría había permanecido suspendida luego de que la FLA presentara, el 24 de junio de 2026, una recusación contra el superintendente Daniel Quintero Calle y el superintendente delegado para Entidades Territoriales, Juan David Duque García.
No obstante, indicó que el Ministerio de Salud y Protección Social declaró no probada dicha recusación mediante una resolución expedida en 2026, lo que permitió reactivar la diligencia de inspección ordenada desde el 22 de junio.
Pese a ello, la Superintendencia asegura que la FLA volvió a impedir el ingreso del equipo auditor cuando este intentó continuar con las actuaciones.
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La entidad advierte posibles consecuencias penales y disciplinarias
La Superintendencia recordó que la obstaculización del ejercicio legítimo de la función pública podría configurar el delito de obstrucción a la función pública, contemplado en el artículo 429D del Código Penal, el cual establece penas de 36 a 60 meses de prisión, además de las eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales que correspondan.
Por esta razón, además de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía, la entidad informó que remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que adelanten las actuaciones de su competencia.
Finalmente, la Superintendencia señaló que continuará con las actuaciones administrativas frente a la FLA y advirtió que podría imponer multas sucesivas, conforme a lo establecido en la Ley 1949 de 2019, por el presunto desacato a los requerimientos realizados durante el proceso de inspección.